La República Dominicana ha consolidado un avance significativo en su mercado de capitales sostenibles, alcanzando una circulación de valores temáticos que asciende aproximadamente a 852 millones de dólares. Este crecimiento ha sido impulsado principalmente por la emisión del primer bono verde soberano en 2024, y actualmente el país busca fomentar una mayor incursión del sector privado en este tipo de instrumentos financieros.
De acuerdo con Olga Nivar, directora de Emisiones, Patrimonios y Calificadoras de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), existen actualmente cinco instrumentos temáticos que han sido autorizados e inscritos en el Registro del Mercado de Valores. Entre estos destacan el Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Larimar I, aprobado en 2021; el bono verde del Banco Popular Dominicano y el bono sostenible de BANFONDESA, ambos aprobados en 2023; y el bono verde soberano emitido por el Estado dominicano en 2024. Asimismo, se encuentra el Fideicomiso de Oferta Pública de Valores de Renta Fija Verdes EGE Haina Renovables II, aprobado en 2025, el cual contempla un programa de hasta 140 millones de dólares, aunque su colocación aún no ha iniciado.
La emisión soberana de 2024 se ha posicionado como la operación de mayor volumen en este segmento. Según datos de la SIMV, este instrumento generó un interés masivo, registrando una demanda seis veces superior al monto ofrecido. Desde la perspectiva financiera, el bono logró colocarse a una tasa aproximadamente 15 puntos básicos inferior a la de un instrumento convencional de plazo similar. Esta operación contó con la participación de diversos actores financieros, incluyendo compañías de seguros, fondos de pensiones y gestores de activos.
El beneficio de estos instrumentos no se limita únicamente al costo del financiamiento. Si bien permiten acceder a inversionistas con mandatos específicos de sostenibilidad, su objetivo primordial es la movilización de capital hacia proyectos que fortalezcan la resiliencia climática, protejan los ecosistemas, reduzcan la contaminación y mejoren la gestión de los recursos hídricos. Al respecto, el Gobierno dominicano ha informado que el 100 % de los fondos netos obtenidos mediante el bono verde soberano, equivalentes a 742.9 millones de dólares, han sido asociados a proyectos elegibles.
Para evitar que estos instrumentos sean utilizados sin cumplir los criterios de sostenibilidad, la SIMV ha implementado controles estrictos antes y después de la emisión. En la fase de autorización, la entidad supervisa que el marco del valor cumpla con los cuatro componentes de los Principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA): el uso de los recursos, la gestión de los fondos, el proceso de evaluación y selección de proyectos, y la presentación de reportes. Además, se verifica la alineación con la Taxonomía Verde de la República Dominicana y se requiere una opinión de segunda parte mediante una revisión externa independiente.
Una vez emitidos los valores, la Superintendencia supervisa que los emisores cumplan con sus obligaciones de transparencia. Los emisores están obligados a informar anualmente sobre la cantidad de dinero asignado a cada proyecto, los recursos pendientes y los impactos obtenidos mediante indicadores cuantitativos. Toda esta información debe ser pública, apareciendo tanto en la página web del emisor como en el Registro del Mercado de Valores.
El incumplimiento en el uso de los recursos o la divulgación de información falsa puede acarrear consecuencias graves, que van desde requerimientos de corrección y la obligación de informar mediante hechos relevantes, hasta la suspensión de nuevas emisiones, el inicio de procedimientos administrativos sancionadores o la pérdida de la denominación de valor verde, social o sostenible.
A pesar de los avances, la SIMV ha identificado dos obstáculos principales para el sector privado: los costos adicionales asociados a la verificación y reportes de impacto —que impactan más a las emisiones pequeñas— y la falta de capacidades técnicas para identificar proyectos alineados con la Taxonomía Verde. Para mitigar esto, la SIMV redujo la tarifa de inscripción de estas ofertas públicas al 0.01 % del monto autorizado, bajando los costos previos que oscilaban entre el 0.04 % y el 0.05 %.
Mirando hacia el futuro, el mercado se encamina hacia la implementación de bonos azules para financiar la economía oceánica. A través de la iniciativa BLUECAR y la asistencia técnica de GGGI, se está evaluando el potencial de dos entidades financieras privadas para futuras emisiones. Aunque estas evaluaciones están en etapas iniciales, se estima un universo potencial de proyectos elegibles que podría alcanzar los 100 millones de dólares en áreas como saneamiento, resiliencia costera, turismo sostenible y gestión de residuos marinos.
El país ya dispone de las herramientas necesarias para seguir expandiendo este segmento, incluyendo un marco regulatorio, la Taxonomía Verde y una Guía práctica elaborada conjuntamente por la SIMV, el Ministerio de Medio Ambiente, la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) y la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana (BVRD). Los sectores con mayor potencial para nuevas emisiones incluyen la infraestructura resiliente, las energías renovables y la gestión del agua.
