Representantes de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) sostuvieron este lunes una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con el objetivo primordial de discutir y analizar los detalles de la partida 31 del plan de ingresos y gastos del Estado proyectado para el año 2027. Este punto específico del presupuesto es el que define la asignación de los recursos financieros destinados a las 16 gobernaciones del país.
De acuerdo con las declaraciones ofrecidas a la prensa por Rodrigo Mundaca, máxima autoridad regional de Valparaíso, el encuentro se caracterizó por ser una jornada "dura e intensa". Durante el desarrollo de la sesión, se revelaron cifras preocupantes respecto a la propuesta presupuestaria actual, la cual contempla una reducción significativa de los fondos destinados a las regiones. Según los datos expuestos, la rebaja conjunta se situaría en un rango de entre 250 mil y 270 mil millones de pesos, lo que representa, en términos internacionales, una disminución de entre 256 y 276 millones de dólares.
Ante este escenario, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, manifestó su profunda preocupación sobre las consecuencias directas que este recorte tendría en la realidad territorial. Mundaca subrayó que una disminución de esta magnitud impactaría de manera inmediata y negativa en el empleo regional, poniendo en riesgo la continuidad de grandes obras de infraestructura que actualmente se encuentran en fase de ejecución en diversos territorios del país. Para la autoridad, el recorte no es solo un ajuste contable, sino una amenaza a los proyectos ya iniciados.
En sintonía con estas advertencias, el gobernador de la Región de O’Higgins, Pablo Silva, detalló las áreas críticas que se verían vulneradas por la falta de recursos. Silva hizo especial hincapié en que los recortes afectarían servicios básicos y esenciales para la ciudadanía. En el ámbito de la salud, señaló que la adquisición y mantenimiento de ambulancias podrían verse comprometidos. Asimismo, advirtió que la seguridad pública se vería debilitada debido a la posible reducción en la dotación o renovación de radiopatrullas. A estas preocupaciones se sumó la alerta sobre el estancamiento en la construcción de viviendas y la mejora de caminos, pilares fundamentales para el desarrollo regional.
Por su parte, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, centró su crítica en la incongruencia del discurso gubernamental frente a las acciones presupuestarias. Orrego consideró contradictorio que el Estado promueva un plan que, en teoría, busca estimular la descentralización, fomentar el empleo y premiar la eficiencia administrativa, pero que en la práctica termine reduciendo los presupuestos asignados a las regiones, lo que calificó como un castigo hacia los territorios.
El representante de la Región Metropolitana fue enfático al exigir que las gobernaciones reciban el mismo trato que el resto de las instituciones del Estado. Orrego reclamó que se mantengan los presupuestos actuales y que se evite cualquier disminución, especialmente en un momento donde el país enfrenta una urgencia crítica en materia de generación de empleo.
Este contexto de inestabilidad laboral es respaldado por datos estadísticos recientes. La desocupación en Chile alcanzó una tasa del 9,6 por ciento en el trimestre móvil comprendido entre junio y agosto. Esta cifra se traduce en una realidad social compleja, donde aproximadamente un millón de personas se encuentran actualmente sin trabajo en el país.
En conclusión, la reunión entre la Agorechi y el Ministerio de Hacienda deja en evidencia una tensa relación respecto a la planificación financiera para 2027. Mientras el Gobierno de Chile propone ajustes en la partida 31, los gobernadores advierten que tales medidas podrían exacerbar la crisis del empleo y paralizar servicios básicos de salud, seguridad e infraestructura en las 16 regiones del país.
