En el marco de la primera sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrada en Ginebra, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua (GHREN) han hecho pública una rendición de cuentas conjunta. El documento detalla las atrocidades cometidas por la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo desde el año 2018.
Ambos organismos internacionales advierten que han documentado un patrón generalizado y sistemático de graves violaciones a los derechos humanos. Entre las acciones recurrentes del régimen se encuentran las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la práctica de la tortura, muertes ocurridas mientras las víctimas se encontraban bajo custodia del Estado, la confiscación de bienes, la privación arbitraria de la nacionalidad y el despliegue de tácticas de represión transnacional.
Existe una preocupación profunda y compartida por el incremento de personas detenidas cuyo paradero actual es desconocido, así como por los riesgos extremos que enfrentan quienes permanecen bajo custodia estatal. La CIDH y el GHREN han exigido que cese inmediatamente la persistencia de las desapariciones forzadas y otras graves vulneraciones cometidas contra individuos percibidos como opositores al régimen.
Un punto crítico del informe es la intensificación de la represión transnacional. Se ha observado que el régimen extiende sus acciones fuera de las fronteras nicaragüenses mediante actos de vigilancia, amenazas, hostigamiento y violencia dirigidos contra nicaragüenses exiliados, sus familiares y las organizaciones que brindan acompañamiento. Esta situación ha generado desafíos significativos de seguridad para otros Estados de la región, específicamente en Honduras y Costa Rica, donde células parapoliciales nicaragüenses han abatido a exiliados como Roberto Samcam, Jaime Luis Ortega Chavarría, Joao Maldonado, Rodolfo Rojas Cordero y Gerardo de Jesús Gutiérrez.
El documento señala que estas violaciones se producen en un contexto de desmantelamiento total del espacio cívico y de una creciente concentración del poder, eliminando cualquier contrapeso institucional. Se destaca la reforma constitucional de 2025, la cual eliminó el principio de separación de poderes, creó la figura de la copresidencia con un mandato de seis años y, posteriormente, propuso ampliar dicho mandato a siete años a través de una nueva reforma ya aprobada en primera legislatura.
A esto se suma la posibilidad de elevar a rango constitucional restricciones arbitrarias contra personas calificadas como "traidores a la patria" o "golpistas". Según los organismos, estas medidas demuestran el uso del orden constitucional para perpetuar al régimen en el poder, excluir alternativas políticas y anular las condiciones necesarias para celebrar elecciones libres, auténticas y competitivas.
En relación con el anuncio oficial de elecciones para 2027, la CIDH y el GHREN califican esta indicación como preocupante, debido a la erosión de las garantías democráticas y del Estado de derecho. Aseguran que los elementos esenciales de la democracia son inexistentes en Nicaragua y que la situación actual no cumple con los estándares internacionales requeridos para procesos electorales justos y transparentes.
Ante este escenario, los organismos hacen un llamado a los Estados miembros para que utilicen los mecanismos disponibles para restablecer la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos, basándose en el principio de garantía colectiva del sistema interamericano. Exigen la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, el esclarecimiento de las desapariciones, la devolución de bienes confiscados y el restablecimiento del espacio cívico, instando al régimen a dejar de cerrar universidades, medios de comunicación independientes, instituciones religiosas y organizaciones de la sociedad civil.
Paralelamente, el Grupo de Expertos de la ONU, integrado por Jan Michel Simon, Ariela Peralta Distéfano y Reed Brody, ha investigado 161 casos ilustrativos de desapariciones forzadas. Como resultado, se reveló que Humberto Ortega, ex-jefe militar sandinista y hermano menor de Daniel Ortega, y Brooklin Rivera, diputado y líder indígena miskito, murieron presuntamente bajo custodia tras desapariciones forzadas prolongadas.
Edwin Brooklin Rivera falleció el 30 de mayo de 2026 en un hospital, luego de casi tres años de detención arbitraria y periodos de desaparición forzada. El régimen controló sus restos y limitó la participación familiar, sepultándolo en el Cementerio Sierras de Paz en Managua, ignorando la voluntad de la familia de enterrarlo en Sandy Bay, según las costumbres miskitas. Varios familiares que intentaron reclamar el cuerpo fueron detenidos.
Por su parte, Humberto Ortega falleció el 30 de septiembre de 2024 y fue cremado el mismo día. No recibió honras militares ni funeral de Estado, a pesar de ser fundador y jefe histórico del Ejército. Ortega se encontraba bajo arresto domiciliario de facto desde mayo de 2024 tras calificar al gobierno de "dictatorial" y cuestionar la sucesión familiar. Aunque la explicación oficial atribuyó su muerte a causas cardíacas naturales, el contexto de su reclusión hace que dicha versión sea discutible.
