El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en evidencia una estrategia para las elecciones de mitad de mandato de 2026 que plantea serios interrogantes éticos sobre el uso de los recursos oficiales del Gobierno. El mandatario ha manifestado su disposición a emplear herramientas estatales con el objetivo de favorecer la victoria del partido republicano, implementando tácticas que van desde promesas económicas masivas hasta anuncios de proyectos industriales cuyos fundamentos han sido cuestionados.
Entre las medidas más llamativas, Trump ha prometido el pago de 5.000 dólares a cada ciudadano adulto de Estados Unidos en caso de que los republicanos logren ganar los comicios. A esta promesa se suma el envío de 500 dólares a ciertos beneficiarios de Obamacare, acompañados de cartas con un marcado contenido político. Asimismo, la administración ha comenzado a difundir anuncios financiados con fondos públicos que promocionan la figura del presidente con un enfoque claramente electoral.
Paralelamente a estas ofertas financieras, el presidente ha utilizado la Casa Blanca para realizar anuncios económicos en estados donde se libran disputas clave por escaños en el Senado. Un ejemplo reciente ocurrió en Iowa, donde Trump organizó un evento en la Oficina Oval junto a la representante y aspirante al Senado Ashley Hinson. En dicho acto, se anunció la instalación de una planta siderúrgica de Mesabi Metallics, valorada en 15.000 millones de dólares, en el condado de Lee. Según el anuncio, el proyecto podría generar miles de empleos y posicionar a Iowa como el segundo productor de acero más importante del país.
Durante el evento, tanto Trump como el secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguraron que el acuerdo estaba totalmente cerrado. Lutnick afirmó que el presidente no reúne a las personas a menos que el trato esté concretado, mientras que Trump llegó a asegurar que la construcción ya había comenzado. Sin embargo, la realidad parece contradecir estas afirmaciones. Apenas un día después, la gobernadora republicana de Iowa, Kim Reynolds, convocó a una sesión legislativa especial de emergencia para discutir los incentivos fiscales del proyecto, un tema que precisamente Lutnick había dado por resuelto. Además, reportes de la estación local KWQC y declaraciones de funcionarios del condado de Lee indicaron que la empresa aún no ha solicitado permisos ni ha adquirido terrenos.
Este escenario ha despertado comparaciones con el caso de Foxconn en 2017, una empresa taiwanesa que Trump también anunció en la Casa Blanca y que nunca llegó a construir su planta de 10.000 millones de dólares en Wisconsin. Un alto funcionario republicano de Iowa, quien solicitó el anonimato, señaló a CNN que el proyecto actual "parece demasiado bueno para ser verdad". Aunque la representante Hinson rechazó estas comparaciones y expresó su confianza en la gobernadora, sus declaraciones admitieron implícitamente que el acuerdo no estaba tan cerrado como el presidente había sugerido.
Una situación similar se repitió el miércoles pasado con un anuncio referente a Alaska, otro estado decisivo para el Senado. Trump, acompañado por el senador republicano Dan Sullivan, afirmó que Corea del Sur invertiría más de 50.000 millones de dólares en un gasoducto de gas natural. El mandatario describió el proyecto como uno de los mayores proyectos energéticos de la historia de Estados Unidos, asegurando que reduciría las facturas de energía para los habitantes de Alaska.
No obstante, el gobierno de Corea del Sur desmintió la rotundidad de estas afirmaciones. El ministro de Comercio, Industria y Recursos, Kim Jung-kwan, declaró que utilizar un lenguaje definitivo o cifras exactas iba mucho más allá de lo acordado, aclarando que su país todavía está evaluando si proceder con el gasoducto. Ante la discrepancia, la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, evitó dar explicaciones detalladas, limitándose a calificar el anuncio como "histórico". Por su parte, Trump insistió posteriormente en que no se adelantó, aunque admitió que no había una firma formal, añadiendo que si Corea del Sur decidía no realizar la inversión, simplemente "les cobraría más".
La coincidencia de que dos proyectos de gran envergadura en estados clave se anunciaran simultáneamente a un mes de las elecciones de 2026 ha generado suspicacias. Analistas sugieren que este patrón de anuncios entusiastas que luego se desmoronan es recurrente en la gestión de Trump. En el caso de los cheques de 5.000 dólares, la viabilidad es aún más cuestionable, dado que el costo superaría el billón de dólares y enfrentaría serios obstáculos legales. Para cuando los votantes descubran si estas promesas se cumplen, los resultados electorales de 2026 ya estarán definidos.
