Una minuciosa auditoría forense ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella ha revelado que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue transformada en una especie de policía política durante la administración de Gustavo Petro. Los hallazgos indican que la entidad, encargada de garantizar la seguridad nacional, perdió su confiabilidad debido a procesos de infiltración, corrupción, injerencia de agentes extranjeros y la politización de información sensible y reservada.
La evidencia recopilada bajo cadena de custodia, que será entregada a la Fiscalía General de la Nación, consta de 147 terabytes de información, 40 equipos de cómputo, cinco teléfonos celulares y tablets. Este material permitirá a los investigadores rastrear las actividades del gobierno Petro dentro de la DNI. Además, fuentes internas de la agencia han advertido sobre un posible "concierto para delinquir", basándose en la colaboración de aproximadamente el 20 por ciento de los más de 500 empleados de la entidad.
Según el informe, tras la llegada de Petro al poder, la DNI quedó bajo el control de antiguos compañeros del M-19, lo que generó una división estratégica. Mientras un grupo mantenía las labores rutinarias, se conformó un bloque cerrado de "contrainteligencia de Estado" que reportaba directamente al presidente y al director de turno. Esta estructura, formalizada mediante el Decreto 1077 del 23 de agosto de 2024, es calificada por funcionarios como un "hoyo negro" que operó sin reglas y accedió a información crítica sobre la oposición y campañas presidenciales entre 2022 y mediados de 2026.
Este grupo habría trabajado articuladamente con la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la Dian para extralimitarse en el manejo de información privada de periodistas, funcionarios y opositores. Entre los objetivos de este monitoreo se encuentran figuras como los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe, senadoras como María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, y el exfiscal Francisco Barbosa junto a la vicefiscal Martha Mancera. Asimismo, se reporta el seguimiento a periodistas, entre ellos Vicky Dávila, y otros funcionarios considerados no afines al régimen.
La auditoría también detectó un patrón de infiltración basado en la creación de falsas amenazas para asignar esquemas de protección de la UNP o la Policía a las víctimas, permitiendo así la recolección de información detallada de los objetivos. Además, se investiga si desde la DNI se intentó influir en las elecciones presidenciales mediante el uso de carpetas con información reservada de los candidatos.
En cuanto al personal, se reveló que la mitad de los funcionarios ingresados en la administración anterior no eran idóneos; muchos de ellos habrían ingresado a pesar de perder la prueba del polígrafo. Más de 100 trabajadores son catalogados como riesgo "crítico" o "alto", e incluso se encontró el caso de un funcionario con orden de captura vigente que no había sido despedido. También se identificaron servidores públicos con presuntos vínculos a grupos armados organizados y funcionarios con doble nacionalidad colombiana-venezolana, sospechándose el uso de registros civiles falsos.
La injerencia extranjera es otro punto crítico. Existe una sospecha fundada sobre la presencia de agentes de inteligencia de Rusia, Irán, Cuba y Venezuela. Específicamente, se documentaron dos viajes a Rusia en 2025, donde grupos de la DNI recibieron entrenamiento del Servicio Federal de Seguridad (FSB).
En el ámbito financiero, se reportaron malos manejos de gastos reservados. Un software de registro biométrico llamado ABIS, que costó 580 millones de pesos, nunca funcionó, y se detectaron pagos a informantes a través de empresas fachada. Asimismo, se informó la pérdida total de un dron adquirido en octubre de 2023 por 9.000 millones de pesos, el cual se siniestró en el Catatumbo tras no cumplir con las especificaciones técnicas.
Varios directores de la entidad durante el gobierno Petro están envueltos en controversias. Manuel Casanova fue cuestionado por pagos irregulares con dineros reservados; Carlos Ramón González, vinculado al escándalo de la UNGRD, se encuentra prófugo en Nicaragua; y Jorge Arturo Lemus renunció tras revelarse sus contactos con la defensa de alias Papá Pitufo. También se menciona a Wilmar de Jesús Mejía por presuntos nexos con alias Calarcá.
Finalmente, el presidente De La Espriella ha instruido la depuración total de la DNI para recuperar su misionalidad y confiabilidad. Para ello, ha encargado la transformación de la entidad al general (r) Jorge Andrés Zuluaga, con el objetivo de modernizarla y restablecer la cooperación internacional con agencias como la CIA, el FBI, el Mossad y el MI6.
