La Alcaldía de Bogotá ha anunciado oficialmente el inicio de la construcción del nuevo estadio El Campín, un proyecto que, aunque ya entra en su fase ejecutiva, llega acompañado de una fuerte controversia. Las principales tensiones se centran en el ajuste del cronograma de entrega, la gestión de los permisos administrativos y las posibles repercusiones económicas que el desarrollo de la obra podría acarrear para la capital colombiana.
Uno de los cambios más significativos comunicados el pasado 30 de septiembre es la modificación de la fecha de finalización. Mientras que en marzo se había proyectado que el escenario estaría listo a finales de 2027, la administración actual confirmó que la entrega se desplaza ahora hasta el cierre de 2028. A este ajuste temporal se suma una ampliación en la escala del proyecto: el estadio ya no contemplará la capacidad inicial de 46.500 espectadores, sino que se expandirá para albergar a más de 60.000 personas.
El cronograma de obra se ha convertido en el epicentro de la disputa política. El representante Mauricio Toro ha manifestado su desacuerdo con la versión oficial, argumentando que existe una distinción fundamental entre las obras de adecuación y la construcción propiamente dicha. Según la postura de Toro, la obra integral debió haber comenzado desde el anuncio realizado el 4 de marzo. Bajo esta interpretación, el proyecto acumularía un retraso de al menos siete meses, afectando la planificación general del escenario.
Además de los tiempos, el congresista Toro ha puesto el foco en los trámites de movilidad. El representante advierte sobre la situación de una vía de acceso que, según su versión, no contaría con los recursos suficientes para ser terminada. Esta preocupación lo llevó a cuestionar la viabilidad económica de la ampliación del estadio, planteando que si no existen fondos suficientes para una calle, resulta dudoso cómo se financiará una expansión de tal magnitud. En consecuencia, Toro ha solicitado claridad sobre el costo real del retraso y las sanciones que se aplicarían en caso de nuevos incumplimientos.
Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán ha rechazado la tesis del retraso. El mandatario sostiene que la obra no estuvo en estado de "pausa" debido a que la construcción formal aún no había iniciado legalmente. Galán explicó que el inicio de los trabajos estaba sujeto a la obtención de la licencia firme, la cual quedó en firme el 19 de junio. El alcalde atribuyó el tiempo transcurrido a los recursos legales presentados contra dicha licencia y a los trámites administrativos posteriores, asegurando que este tiempo adicional es la garantía para que Bogotá cuente con un estadio de talla mundial.
En sintonía con la Alcaldía, Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, negó que haya existido una interrupción en el proceso. Hoyos detalló que el acta de inicio de construcción estaba condicionada al cumplimiento de varios requisitos contractuales estrictos: el cierre financiero, el estudio de tránsito, la licencia en firme, los diseños aprobados por la interventoría y la firma del contrato con el constructor. Una vez cumplidas estas condiciones, se procedió con los trabajos de pilotaje.
Respecto al incremento de la capacidad a más de 60.000 espectadores, Hoyos aclaró que, aunque esto implica un mayor costo, la inversión será asumida en su totalidad por Sencia y sus accionistas. El directivo enfatizó que el proyecto no utiliza recursos del Estado, asegurando que el ciento por ciento de la inversión es privada.
Sin embargo, el punto de fricción persiste en cuanto a los costos indirectos. Mauricio Toro advierte que, aunque el Distrito no realice un pago directo, la ciudad podría verse afectada si se amplía el periodo de explotación del escenario como compensación por la inversión adicional. Actualmente, la concesión está pactada por 29,2 años. Aunque Hoyos afirmó que no hay un cambio contractual vigente por el aumento de capacidad, reconoció que las condiciones podrían variar según lo previsto en el contrato.
Finalmente, sobre el cierre financiero, mientras Toro indicó estar indagando sobre posibles dificultades en este proceso, Mauricio Hoyos negó categóricamente la existencia de un "otrosí", asegurando que el cierre financiero fue presentado y aprobado por el Distrito, cumpliendo así con uno de los requisitos esenciales para firmar el acta de inicio. Con la construcción ya en marcha, la atención se centra ahora en si se cumplirá el plazo de 2028 y si la ampliación del proyecto generará impactos económicos imprevistos para Bogotá.
