El electorado brasileño ha perdido la última oportunidad de evaluar cara a cara a los candidatos a la presidencia para el próximo periodo de cuatro años. Una serie de decisiones judiciales individuales, calificadas como cuestionables y susceptibles de impugnación, provocaron la cancelación del debate final, dejando en evidencia una profunda crisis en el Poder Judicial y una creciente politización de sus tribunales superiores.
Menos de dos horas antes del inicio del encuentro previsto para el pasado jueves, y a solo tres días de la primera vuelta electoral, la emisora TV Globo anunció la cancelación del programa. Este evento es tradicionalmente el de mayor audiencia de toda la campaña y representaba el cierre de la temporada de enfrentamientos directos entre los aspirantes a los cargos más relevantes de la República, incluyendo la presidencia, gobernaciones y alcaldías.
La cadena justificó la cancelación basándose en decisiones emitidas por magistrados de tribunales superiores. La primera de ellas, solicitada por la campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fue dictada por la magistrada Estela Aranha, del Tribunal Superior Electoral (TSE). Esta medida prohibía la exhibición de un atril vacío reservado para el candidato a la reelección, quien había optado por conceder una entrevista a un pódcast en lugar de asistir al debate. Asimismo, la decisión prohibía que se formularan preguntas dirigidas al ausente, a pesar de que ambos puntos habían sido previamente discutidos y aprobados por las campañas. Aunque el Partido de los Trabajadores (PT) había aceptado inicialmente estos términos, posteriormente recurrió al TSE para evitar que los adversarios aprovecharan la ausencia de Lula.
A esta medida se sumó la intervención del decano del Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, quien determinó la participación del candidato de Missão, Renan Santos. Esta decisión se tomó a pesar de que el partido no cumplía con los requisitos legales que obligan a la emisora a extender la invitación. Resulta notable que esta resolución respondiera a una petición de Solidariedade, otro partido político, mientras que la solicitud presentada por los propios abogados de Renan Santos había sido rechazada previamente por el presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, y la magistrada del STF Cármen Lúcia.
En medio de este escenario de incertidumbre jurídica, el candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, decidió desistir de asistir al debate, aprovechando la medida de Estela Aranha, aun cuando días antes había asegurado que acudiría incluso sin la presencia de Lula. Como resultado, Brasil acude a las urnas por primera vez en 20 años sin que los dos candidatos que encabezan las encuestas se hayan enfrentado en un mismo debate. La última vez que ocurrió una situación similar fue en 2006, cuando Lula faltó a los tres debates de la primera vuelta.
La naturaleza unipersonal de estas decisiones, tomadas por magistrados individuales sin pasar por el pleno del tribunal, ha generado críticas sobre una posible conveniencia política que ha socavado la credibilidad y confianza social en el Poder Judicial. Esta situación se suma a otros incidentes que han desacreditado a la Corte, como la sesión en la que los magistrados del Supremo no tomaron una decisión sobre los presuntos vínculos entre integrantes de la Corte y Daniel Vorcaro, excontrolador del Banco Master, detenido por el mayor fraude financiero del país.
La politización judicial también quedó manifiesta en el manejo de un conflicto relacionado con publicaciones en redes sociales que atribuían falsamente a Flávio Bolsonaro la intención de retirar a Nuestra Señora Aparecida el título de «patrona de Brasil». Este tema es especialmente sensible debido a la disputa de protagonismo social entre los sectores evangélicos, que representan cerca de una cuarta parte de la población, y la Iglesia católica, que abarca a más de la mitad de los brasileños.
Ante el daño potencial, Flávio Bolsonaro negó tajantemente tales intenciones. Mientras tanto, el entorno del presidente Lula, incluyendo al vicepresidente Geraldo Alckmin, comenzó a publicar contenidos referidos a la Virgen sin mencionar directamente al candidato del PL. El conflicto legal resultante fue un ejemplo de "malabarismo político", donde las peticiones se dirigen al juez con mayor afinidad. La solicitud de retirar las publicaciones fue aceptada primero por el magistrado André Mendonça, revocada luego por Flávio Dino y restablecida posteriormente por Luiz Fux. Finalmente, el pleno del TSE ordenó retirar las publicaciones que afirmaran como un hecho la propuesta de eliminar el título de patrona, aunque preservó el derecho de hablar de la santa sin mencionar al candidato.
En la recta final de la campaña, la agenda pública se desplazó de las propuestas de gobierno y los posibles gabinetes hacia los enfrentamientos entre magistrados de Brasilia. Este proceso electoral ha quedado marcado por el intervencionismo judicial y la pérdida de credibilidad de la Corte Suprema, dejando al electorado en una posición de incertidumbre y sin el beneficio del debate de ideas fundamental para cualquier democracia.
