La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil concluyó en un clima de alta tensión, extendiéndose dos horas más de lo previsto tras una decisión del Tribunal Supremo Federal. Este hecho desencadenó una serie de acusaciones sobre un presunto fraude electoral, impulsadas inicialmente por Flávio Bolsonaro, quien manifestó que era "imposible reconocer el resultado" y adelantó su intención de solicitar la anulación de los comicios. Sin embargo, la narrativa del "pucherazo" ha comenzado a chocar con la realidad de los datos oficiales y las evidencias documentales.
A pesar de las primeras reacciones, el Partido Liberal, formación política de Bolsonaro, reconoció el resultado de las urnas un día después de la votación. Por su parte, el propio Bolsonaro ha indicado que se prepara para organizar la oposición frente a Lula da Silva, quien revalida su cargo como presidente. No obstante, la desinformación continuó propagándose a través de las redes sociales e incluso contó con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó la elección como "amañada" una semana antes de los comicios de medio mandato en su propio país.
En las plataformas digitales, específicamente en X, se difundieron mensajes con miles de interacciones alegando que la extensión del horario de votación fue una maniobra para "cocinar el pucherazo". Algunos usuarios argumentaban que era imposible que Lula superase a Bolsonaro por más de 3 millones de votos con un conteo superior al 80%. Estas afirmaciones se basaban en la idea de que el candidato izquierdista habría solicitado unilateralmente la prórroga del tiempo de votación para manipular el resultado final.
La realidad técnica y jurídica es distinta. Durante la noche electoral, Flávio Bolsonaro señaló que un magistrado del Tribunal Supremo, antiguo abogado de Lula, había cambiado las reglas del juego a mitad de la jornada. Sin embargo, el candidato omitió un dato fundamental: el Partido Liberal también solicitó dicho aplazamiento.
Documentos accedidos por la Agencia Lupa demuestran que la candidatura de Bolsonaro presentó dos solicitudes de prórroga dirigidas al presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques. En el primer documento se pedía la extensión en los estados de Sao Paulo, Paraná y Santa Catarina, mientras que el segundo solicitaba lo mismo para Minas Gerais y Río Grande do Sul. Los motivos alegados por el bando bolsonarista fueron las fuertes lluvias, inundaciones, bloqueos de carreteras e incidencias en los centros de votación.
Por otro lado, el Partido de los Trabajadores y Lula da Silva solicitaron la ampliación debido a incidencias en el transporte de los votantes. De hecho, el Tribunal Electoral ordenó la detención del secretario de Movilidad de Bahía por retener la flota de autobuses. El juez Cristiano Zanin, al emitir la orden de prolongar el cierre de las urnas hasta las 7 de la tarde, aclaró posteriormente en un comunicado que ambas candidaturas habían alegado problemas en el transporte de electores, razón por la cual concedió la medida cautelar.
El argumento de que estas dos horas adicionales fueron determinantes para la victoria de Lula queda desmentido por las cifras. La diferencia final entre los candidatos fue de más de 4 millones de votos: Lula obtuvo 64.256.232 frente a los 59.826.041 de Bolsonaro. En contraste, solo 34.330 personas votaron durante el periodo de extensión entre las 5 y las 7 de la tarde. Además, datos del Tribunal Superior Electoral indican que la mayoría de esos votos se registraron en los primeros cinco minutos de la prórroga, sugiriendo que eran votantes que ya habían llegado antes del cierre oficial.
Finalmente, las acusaciones sobre el recuento electoral también han sido rechazadas. Flávio Bolsonaro afirmó que sus inspectores fueron retirados de la "sala-cofre" de la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE). El organismo respondió calificando estas afirmaciones de falsas, aclarando que dicha sala no es pública, pero que todas las áreas de escrutinio estuvieron abiertas a representantes de los partidos y observadores. El TSE confirmó que dos representantes del Partido Liberal supervisaron la prueba de integridad de las urnas y el recuento, existiendo registros de asistencia y grabaciones de vídeo que avalan el libre acceso.
Para cerrar el ciclo de auditoría, el verificador Aos Fatos recordó que el proceso brasileño es auditable, ya que cada urna emite un informe impreso que permite comparar los datos locales con las cifras finales del recuento oficial.
