El clima de tensión persiste en la Cámara de Diputados luego de que se aprobara un dictamen que otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo, aunque con un alcance significativamente menor al solicitado originalmente por el Gobierno. A pesar de la aprobación del texto sustitutorio, el sector oficialista ha manifestado su inconformidad, argumentando que las competencias concedidas son insuficientes para abordar la complejidad de los problemas actuales del país.
La decisión de la Cámara de Diputados limita las facultades del Ejecutivo exclusivamente a dos materias: la seguridad ciudadana y la prevención ante el Fenómeno El Niño. Esta resolución fue el resultado de un proceso de trabajo liderado por los equipos técnicos de diversas agrupaciones políticas, específicamente de Renovación Popular, el Partido Cívico Obras, Ahora Nación y el Partido del Buen Gobierno.
La votación final para la aprobación de este texto sustitutorio registró 13 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones. Con este resultado, el Ejecutivo contará con un plazo de 90 días para legislar en los dos puntos mencionados. No obstante, este resultado representa una reducción drástica frente a la solicitud inicial del Gobierno, que había requerido un plazo de 120 días para legislar en ocho materias distintas, entre las que se incluían la simplificación administrativa y la reforma del Estado, además de la seguridad y la prevención climática.
Ante este escenario, el diputado de Fuerza Popular, Jaime Abensur, ha liderado la reacción del oficialismo. El legislador cuestionó el hecho de que la Comisión de Constitución haya rechazado, por primera vez, otorgar la totalidad de las facultades requeridas por el Ejecutivo. Abensur informó que optó por abstenerse durante la votación de la mayoría para mantener abierta la posibilidad legal de presentar un informe en minoría.
Según explicó el parlamentario en el programa "Prueba de Fuego", un dictamen en minoría constituye una posición singular de un grupo de legisladores que proponen una alternativa distinta al texto aprobado por la mayoría. En este sentido, Abensur y su grupo parlamentario ya se encuentran trabajando en un nuevo documento que busque incorporar las facultades que quedaron pendientes y que, a su juicio, son indispensables para la gestión gubernamental.
Uno de los ejes centrales de este nuevo esfuerzo legislativo es la búsqueda de un marco legal que permita la intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la criminalidad. Abensur sostuvo que es imperativo otorgar facultades que permitan a los militares apoyar a la Policía Nacional en las calles para intervenir bandas criminales calificadas como terroristas. El diputado enfatizó la necesidad de crear un respaldo jurídico sólido para que los efectivos militares no enfrenten persecuciones legales en el futuro debido a sus actuaciones en el combate contra el crimen organizado.
A pesar de las diferencias, el legislador reconoció el "talante democrático" de las agrupaciones parlamentarias de Ahora Nación y del Partido Cívico Obras y del Buen Gobierno durante la elaboración del dictamen aprobado. Sin embargo, reiteró que dicho consenso no es suficiente para cubrir las necesidades urgentes del Ejecutivo.
En las próximas jornadas, Fuerza Popular buscará intensificar las negociaciones con diversas bancadas parlamentarias para hacerles comprender la necesidad de ampliar estas facultades. El objetivo final es lograr que el texto sustitutorio sea modificado para incluir las materias legislativas que fueron omitidas en la votación inicial.
En resumen, mientras que el grupo de trabajo ya ha otorgado un margen de acción de 90 días para temas críticos de seguridad y clima, el oficialismo persiste en su estrategia de negociaciones y presentaciones técnicas para recuperar el control legislativo sobre las otras seis materias solicitadas originalmente por el Gobierno, centrando su prioridad en la operatividad de las Fuerzas Armadas frente a la inseguridad ciudadana.
