La provincia de Buenos Aires atravesó una jornada de paralización en sus establecimientos educativos, donde el paro docente se manifestó con una fuerza considerable en ambos turnos. Esta medida de fuerza surge como respuesta directa a una preocupante seguidilla de agresiones dirigidas hacia el personal docente, las cuales han sido registradas tanto en el interior de las instituciones educativas como en sus alrededores.
La convocatoria al cese de actividades fue impulsada por el Frente de Unidad Docente, un bloque integrado por cuatro organizaciones gremiales fundamentales del sector: el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (Suteba), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba). El consenso entre estas entidades refleja la gravedad de la situación que atraviesa el magisterio provincial.
En cuanto al impacto de la medida, las cifras de adhesión fueron sumamente elevadas. María Laura Torre, secretaria general adjunta de Suteba, informó que la participación superó el 95% en los dos turnos escolares, evidenciando un respaldo masivo al reclamo. En sintonía con este dato, Liliana Olivera, presidenta de la FEB, aseguró que la adhesión alcanzó el 98%, una cifra que, según la dirigente, demuestra el agotamiento profundo de los docentes frente a los reiterados hechos de violencia que se vienen registrando en los establecimientos educativos de la provincia.
Olivera fue enfática al reclamar la necesidad de que el Estado provincial implemente políticas y acciones concretas para erradicar definitivamente estos episodios. La dirigente subrayó que estas agresiones no constituyen hechos aislados, sino que forman parte de un patrón que pone en serio peligro la salud física y psíquica de toda la comunidad educativa, incluyendo no solo a los maestros sino también al entorno escolar en general.
El detonante inmediato que llevó a la convocatoria del paro fue un grave episodio ocurrido en el Jardín N° 916 de la localidad de Trenque Lauquen. En este caso, una docente fue víctima de una agresión física perpetrada por el padre de uno de sus alumnos. El motivo del ataque habría sido la sospecha del agresor de que la docente presentaría una denuncia por presunta violencia contra su hijo menor de edad.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, las maestras habían detectado marcas en el cuerpo del niño y evaluaban iniciar las acciones legales correspondientes ante las autoridades. Al enterarse de esta situación, el hombre inició una persecución contra la docente utilizando su automóvil en dos oportunidades. Finalmente, la interceptó mientras ella circulaba, obligándola a detenerse al atravesar el vehículo del agresor delante del suyo. El ataque se produjo en la esquina de Presidente Uriburu y Pellegrini, frente a varios testigos, resultando en que la docente sufriera una fractura de brazo, además de traumatismos en una mano y en la muñeca. Debido a la gravedad de las lesiones, la víctima debió recibir atención médica en el hospital local.
La gravedad de la situación en Trenque Lauquen no se limita a este hecho. María José André, titular de Udocba en dicha localidad, precisó que se llevó a cabo una manifestación para denunciar que los docentes se encuentran trabajando bajo un clima de miedo. André describió que, en los últimos tres meses, se han registrado otras cuatro agresiones en la zona, que incluyen ataques con tijeras, golpes de puño y diversos hechos de violencia ocurridos dentro de las aulas.
Este panorama de inseguridad se extiende a otros distritos de la provincia. Según precisó María Laura Torre, en lo que va del año se han registrado denuncias por episodios de violencia en San Miguel, Hurlingham, Florencio Varela, Ensenada, Presidente Perón, San Miguel del Monte, General Belgrano y Almirante Brown. Esta distribución geográfica de los ataques llevó a Liliana Olivera a señalar que la provincia se enfrenta a un contexto de vulnerabilidad institucional generalizado, donde los trabajadores de la educación asisten a sus puestos con temor.
Ante este escenario, la FEB ha insistido en que el Estado provincial debe ejecutar de manera efectiva el Acuerdo Paritario de Seguridad, Resguardo y Reparación. Este acuerdo se presenta como la herramienta fundamental para proteger a quienes sostienen el sistema de educación pública diariamente. La síntesis del reclamo docente es clara: las escuelas deben recuperar su esencia y volver a ser territorios seguros, destinados exclusivamente al aprendizaje y la paz.
