Un juez de control en el estado de Chihuahua libró órdenes de aprehensión contra dos exfuncionarios de alto rango de la Fiscalía General del Estado (FGE): el exfiscal general César Gustavo Jáuregui Moreno y el exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo. Las acciones legales derivan de graves irregularidades detectadas en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio que culminó en una tragedia con saldo de cuatro personas fallecidas.
La captura de César Gustavo Jáuregui Moreno se llevó a cabo este sábado 17 de octubre a las 10:20 horas. De acuerdo con la información proporcionada por el Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, elementos estatales localizaron y detuvieron al exmandatario en la colonia Campestre Washington, en la capital chihuahuense. Por su parte, hasta el cierre de esta nota, el RND no ha confirmado la captura de Guillermo Arturo Zuany Portillo, contra quien también pesa una orden de aprehensión.
Los hechos que originaron estas resoluciones judiciales se remontan a un operativo realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos. Durante dicha acción, destinada al desmantelamiento de un laboratorio de drogas, se habrían presentado omisiones críticas en los protocolos aplicables y en la cadena de mando. La situación se tornó trágica durante el regreso del convoy, cuando una camioneta derrapó en un camino de terracería y cayó por un barranco en la sierra de Chihuahua. El accidente provocó una explosión que resultó en la muerte de cuatro personas: dos elementos de la FGE y dos ciudadanos estadounidenses, quienes fueron señalados como presuntos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
Entre las víctimas mortales se encontraba Pedro Román Oseguera Cervantes, quien en ese momento se desempeñaba como director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y había sido nombrado en el cargo por el propio Jáuregui. Junto a él falleció su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes, identificado como el piloto de la unidad.
La resolución judicial, firmada el 16 de octubre por el juez de primera instancia en materia penal Luis Alberto Simental Ortega, quedó asentada bajo el número de oficio 53095/2026 y la causa penal 3055/2026. El documento detalla tres resolutivos específicos. En el primero, se señala a Jáuregui y Zuany Portillo como coautores de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, basándose en los artículos 253, fracción II, y 260 del Código Penal del Estado. El segundo resolutivo identifica a Jáuregui como autor material de los mismos delitos. Finalmente, el tercer punto se dirige exclusivamente a Zuany Portillo, imputándolo por el delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada, conforme al artículo 308 del código punitivo estatal.
Es importante precisar que estas órdenes de aprehensión fueron gestionadas por la FGE ante un juez de control local. Simultáneamente, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación paralela por delitos contra la seguridad nacional y ejercicio ilícito del servicio público. La FGR fundamentó su indagatoria en que la Ley General de Salud otorga competencia exclusiva a la Federación para investigar delitos con participación de delincuencia organizada, y recordó la prohibición legal de que las entidades federativas celebren alianzas o coaliciones con otros Estados o países.
La cronología de los nombramientos revela que el 5 de septiembre de 2025, Jáuregui nombró a Zuany Portillo como Fiscal Especializado en Operaciones Estratégicas, área encargada de combatir delitos de alto impacto como el secuestro y la extorsión. Siete meses después, el 13 de mayo de 2026, Zuany presentó su renuncia tras el inicio de un procedimiento administrativo por una posible omisión en sus funciones.
Días antes de dicha renuncia, la titular de la Unidad Especializada para la Investigación del caso, Wendy Paola Chávez, informó sobre la existencia de videos de vigilancia que mostraban a presuntos extranjeros, uno de ellos armado, merodeando las instalaciones de Operaciones Estratégicas el 16 de abril de 2026, justo antes del operativo en Morelos.
Además, se documentaron anomalías procesales graves. Cuando los peritos y agentes de la Agencia de Investigación Criminal federal llegaron al narcolaboratorio, constataron que las autoridades locales no habían entregado la cadena de custodia, ni el área, ni los indicios, ni las sustancias bajo resguardo formal.
César Jáuregui había renunciado al cargo de fiscal general el 27 de abril de 2026, argumentando que su salida permitiría que las investigaciones avanzaran sin interferencias. En aquel momento, admitió que hubo inconsistencias en la información difundida y omisiones en los mecanismos de control interno. Posteriormente, el 2 de junio de 2026, compareció ante la FGR en calidad de testigo.
