En el marco del juicio por la causa conocida como los “cuadernos de la corrupción”, el comisario retirado Adrián Lotocki brindó un testimonio clave ante el Tribunal Oral Federal 7, ratificando los detalles de los allanamientos realizados en las propiedades de la expresidenta Cristina Kirchner en las ciudades de Río Gallegos y El Calafate, provincia de Santa Cruz. Durante la audiencia, se exhibieron por primera vez videos y fotografías de los procedimientos efectuados en agosto de 2018 bajo las órdenes del entonces juez Claudio Bonadio.
Uno de los puntos más destacados de la declaración de Lotocki fue la descripción de un ambiente particular hallado en la vivienda de El Calafate. El exjefe de la delegación de la Policía Federal Argentina (PFA) en Río Gallegos recordó haber encontrado un espacio que "llamó la atención" ubicado en una subida al primer piso de la casa. Según el testigo, se trataba de una puerta pequeña con un contramarco y fabricada en un "material duro" que se encontraba cerrada con llave.
Lotocki explicó que, debido a las características de seguridad de dicho acceso, fue necesario solicitar la colaboración de personal de Gendarmería Nacional, quienes utilizaron herramientas especiales, incluyendo una masa, para lograr la apertura del cuarto por orden judicial. El comisario describió el lugar como una suerte de "bóveda" o "ambiente privatizado" destinado a resguardar elementos de interés de la familia Kirchner.
Una vez ingresado al lugar, las fuerzas de seguridad secuestraron una cantidad significativa de documentación y objetos de valor. Entre los elementos hallados se encontraban los bastones presidenciales de ambos cónyuges, medallas, diversos obsequios y una serie de biblioratos con documentación. Asimismo, el testigo mencionó el secuestro de un documento histórico: una carta escrita por el general José de San Martín.
Sobre los biblioratos, se señaló que la investigación posterior determinó que contenían informes de inteligencia sobre diversos sectores, incluyendo datos sobre empresarios, medios de comunicación y jueces, entre los cuales se encontraba el propio juez Bonadio. Todo el material secuestrado fue trasladado, mediante un operativo coordinado, hacia los tribunales federales de Comodoro Py en la ciudad de Buenos Aires.
La declaración de Lotocki estuvo marcada por tensiones con la fiscal Fabiana León. El comisario respondió a gran parte de los interrogatorios afirmando no recordar los detalles de los operativos que él mismo había encabezado, incluyendo la presencia de bolsos en los allanamientos. Esta actitud generó un entredicho con la acusadora, quien le solicitó una explicación formal sobre su falta de memoria, a lo que el policía se excusó alegando el paso del tiempo. Durante la audiencia, se le mostraron actas y fotografías de la casa de la calle Mascarello en Río Gallegos, donde también se observaban cajas fuertes.
En la misma jornada, el tribunal escuchó el testimonio del brigadier de la Fuerza Aérea y ex piloto presidencial, Alfredo Amaral. El testigo confirmó que el fallecido expresidente Néstor Kirchner solía viajar al sur acompañado por su secretario privado, Daniel Muñoz, aunque manifestó no recordar viajes en los que Muñoz se hubiera trasladado en solitario.
Amaral también brindó detalles sobre la logística del avión presidencial, el Tango 01. Confirmó que Miriam Quiroga, ex funcionaria de la Casa de Gobierno, viajaba en el sector asignado a la tripulación, espacio que disponía de lugar disponible, mientras que el sector VIP era gestionado bajo criterios específicos de decisión. Además, el piloto explicó que, por pedido directo de Néstor Kirchner, Sergio Velázquez ingresó como personal civil de la Fuerza Aérea para poder volar la aeronave presidencial, una directiva que fue aceptada por todos los involucrados.
El testimonio de Amaral se vinculó con declaraciones previas de Velázquez, quien había asegurado que el secretario privado Daniel Muñoz realizó viajes sin la compañía del expresidente, trasladando en algunas ocasiones dos o tres valijas cerradas con candados.
El juicio, llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 7 —integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli—, procesa a 86 acusados por presuntos sobornos vinculados a la obra pública nacional entre los años 2003 y 2015. La jornada concluyó con la mención de un empresario sanjuanino que declaró sobre la existencia de "retornos" para asegurar los cobros de obras, asegurando que su propia firma no realizó tales pagos, lo que lo habría llevado al borde de la quiebra. Las audiencias continuarán el próximo martes en los tribunales federales de Retiro.
