El Gobierno de Estados Unidos y la Cancillería chilena han evidenciado visiones contrastantes respecto al alcance y los objetivos del denominado Escudo de las Américas. Mientras que la administración chilena ha presentado la adhesión del país a esta iniciativa como una herramienta de coordinación voluntaria enfocada en el combate al crimen organizado, el presidente Donald Trump ha explicitado que la alianza posee dimensiones económicas, diplomáticas y geopolíticas mucho más amplias.
Durante un encuentro con los líderes del bloque, el mandatario estadounidense puso un énfasis particular en la protección de los recursos naturales del continente frente a lo que calificó como “potencias extranjeras hostiles”. Trump fue específico al señalar que el resguardo de estos activos es prioritario, mencionando expresamente la protección de oleoductos, elementos de tierras raras y corredores comerciales agrícolas. El presidente instó a los países integrantes a ayudar a proteger la riqueza natural del hemisferio, afirmando que no se puede permitir que actores externos se apoderen de ella.
Estas definiciones chocan con la narrativa sostenida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile desde que el Gobierno de José Antonio Kast anunciara la adhesión al Escudo de las Américas el pasado 22 de septiembre. En sus comunicaciones oficiales, la Cancillería ha definido la iniciativa como un marco de coordinación voluntaria destinado a combatir el crimen organizado transnacional con mayor eficacia. Los beneficios concretos para Chile, según el Gobierno, se centran en el intercambio de información, el uso de sistemas de análisis inteligente de datos, la capacitación de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), además de una mayor coordinación fronteriza con Perú, Bolivia y Argentina.
El canciller Francisco Pérez Mackenna ha defendido esta interpretación, sosteniendo durante su interpelación en la Cámara de Diputados que no se trata de un tratado vinculante, sino de una declaración. Tras la sesión, el ministro fue enfático al señalar que “Chile no se obliga a nada” y describió el Escudo como un espacio para conversar y planificar, reconociendo que, aunque podrían surgir otros desarrollos en el futuro, el foco actual es la cooperación contra la criminalidad.
Sin embargo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha propuesto una descripción más extensiva de la alianza. Rubio sostuvo que el bloque no se limita a materias de seguridad, sino que debe servir para coordinar posiciones internacionales. El funcionario llamó a los miembros a aunar recursos diplomáticos y votar juntos en foros internacionales para defender intereses comunes, subrayando que la alianza brinda la oportunidad de actuar conjuntamente en asuntos económicos y diplomáticos.
Esta discrepancia ya había sido advertida previamente. El medio El Mostrador informó que la declaración conjunta difundida por Estados Unidos incluía materias ausentes en el comunicado inicial de la Cancillería chilena, tales como normas sobre “proveedores de confianza” para infraestructura digital, protección de cadenas de suministro de minerales críticos y mecanismos de examen de inversiones. Ante estas omisiones, el Gobierno chileno explicó que su primer texto buscaba informar específicamente sobre la adhesión del país.
A este análisis se sumó el excanciller y exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien señaló que la interpretación del Departamento de Estado es mucho más amplia que la del canciller chileno, indicando que el escenario trasciende el narcotráfico.
En el ámbito operativo, el presidente Trump pidió aplicar sanciones severas contra 24 organizaciones catalogadas como terroristas por su administración. El mandatario dejó abierta la posibilidad de una intervención directa de Estados Unidos en aquellos casos donde los países integrantes no tengan la capacidad de enfrentar a dichas organizaciones, afirmando: “Si nos informan, las eliminamos... Pero si no pueden, lo haremos por ustedes”. Esta postura reabre la controversia sobre la dimensión militar, pues mientras el presidente Kast había descartado operaciones militares, la Cancillería sostuvo que cualquier acción debe respetar las leyes nacionales e internacionales.
El análisis del excanciller Ignacio Walker también resalta que el nombre formal del acuerdo, “Defendiendo la soberanía hemisférica”, sugiere una visión colectiva en lugar de una soberanía individual de los Estados. Walker vinculó el diseño del Escudo con la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU. y la Doctrina Monroe, sugiriendo que el enfoque en minerales críticos e infraestructura digital responde a la competencia con China. Además, señaló la existencia de la “Coalición de las Américas” y reuniones de ministros de Defensa, donde el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, y el ministro chileno Fernando Barros participaron, mientras Trump hablaba de utilizar “fuerza militar letal” contra los carteles. Walker advirtió que este contexto, que invoca el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947, podría plantear riesgos para la autonomía de la política exterior chilena.
El Escudo de las Américas está compuesto actualmente por Estados Unidos, Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago.
