La diputada nacional Marcela Pagano ha generado una fuerte conmoción en el escenario político al afirmar que posee testimonios sobre presuntos hechos de abuso sexual, violencia y acoso sistemático ocurridos dentro de la Quinta de Olivos, la residencia oficial del presidente de la Nación. La legisladora anticipó que se encuentra trabajando en una presentación formal ante la Justicia para dar curso legal a estas graves revelaciones.
Durante una entrevista concedida al programa La Voz en Vivo, Pagano fue consultada de manera directa sobre si sus referencias a situaciones de violencia en la residencia presidencial estaban vinculadas específicamente con presuntos abusos sexuales. A esto, la diputada respondió con un "exactamente", ratificando la naturaleza de las denuncias que asegura conocer. No obstante, aclaró que, por el momento, ha decidido mantener bajo estricta reserva los nombres de los involucrados y los detalles pormenorizados de los casos con el objetivo primordial de proteger a las presuntas víctimas.
En sus declaraciones, la legisladora fue tajante al señalar que "en Olivos hay gente que no entiende cuando una mujer dice que no". Pagano sostuvo que, si bien considera que la sociedad argentina ya ha avanzado en la comprensión y el respeto hacia el consentimiento, existen personas que, incluso prestando servicio en el círculo más cercano al presidente, aún no han internalizado este concepto.
La diputada enfatizó que cuenta con testimonios de personas identificadas "con nombre y apellido" que se encuentran asustadas y que ya han brindado su relato. Según Pagano, estas personas han sido víctimas de destrato, violencia y un acoso sistemático, y es por ello que requieren un resguardo especial antes de que sus casos sean expuestos públicamente. "Quiero en este caso en particular proteger a las víctimas", señaló la legisladora, reiterando que conoce perfectamente lo que ocurre en el lugar donde duerme el mandatario nacional.
Esta nueva y grave acusación se inserta en un contexto de creciente enfrentamiento entre Marcela Pagano y el Gobierno de Javier Milei. En los últimos días, la legisladora ha mantenido una postura crítica respecto al funcionamiento administrativo y operativo de la Quinta de Olivos, impulsando una serie de denuncias que ya han llegado a los tribunales de Comodoro Py.
Entre los cuestionamientos previos, Pagano señaló la presunta utilización de personal de la residencia presidencial para atender un evento de carácter privado. Para respaldar esta postura, la diputada difundió una póliza de seguro de la entidad BBVA, fechada en marzo de 2024, en la cual figuraba Javier Sosa —quien se desempeñaba como encargado de la Quinta— como parte del personal de catering. Pagano vinculó este documento con un evento realizado en el GEBA y con una productora que, posteriormente, habría sido contratada por la Secretaría General de la Presidencia.
Asimismo, la legisladora puso el foco en las compras de alimentos destinadas tanto a la Casa Rosada como a la residencia de Olivos. En particular, mencionó una licitación por la adquisición de aproximadamente 29 toneladas de carne, cuyo costo superaría los 500 millones de pesos, punto que también forma parte de la presentación judicial ya radicada en Comodoro Py.
Sin embargo, la referencia a presuntos abusos sexuales representa un giro significativo y un nuevo capítulo en sus denuncias. Hasta la fecha, Pagano no ha proporcionado elementos públicos, pruebas documentales o nombres que permitan establecer la identidad de las víctimas, los presuntos responsables o las circunstancias exactas en que habrían ocurrido los hechos. Por esta razón, sus declaraciones deben ser entendidas, hasta el momento, como afirmaciones de la legisladora que permanecen pendientes de investigación y corroboración por parte del Poder Judicial.
Finalmente, la diputada reiteró que su prioridad absoluta es el resguardo de quienes le confiaron sus testimonios. La eventual presentación judicial será la herramienta que permita determinar el alcance real de estas acusaciones, la existencia de pruebas concretas y las responsabilidades legales que pudieran corresponder a los implicados.
