Cientos de personas se mantienen concentradas en la Puerta del Sol, en Madrid, como respuesta a la crisis de vivienda que atraviesa España y, específicamente, tras el desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años. La ciudadana tuvo que abandonar el apartamento donde había residido durante siete décadas, un hecho que ha desencadenado una serie de manifestaciones y una acampada que busca visibilizar la vulnerabilidad de los inquilinos frente a los desahucios.
La movilización comenzó el pasado sábado y se ha prolongado durante la madrugada del domingo, con la instalación de tiendas frente a la sede de la Comunidad de Madrid. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha sido uno de los motores de esta protesta, asegurando que la acampada persistirá mientras el Gobierno no incluya la implementación de contratos indefinidos en la normativa que han denominado como el "decreto Maricarmen". La organización ha manifestado su determinación a través de la red social X, donde afirmaron: “No aguantamos más. O cae el rentismo, o cae el Gobierno”.
Ante el clima de tensión social y las demandas ciudadanas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que su Ejecutivo está trabajando “contrarreloj”. El objetivo es presentar este martes, ante el Consejo de Ministros, un Real Decreto Ley sobre Vivienda. Este paquete legislativo contempla diversas medidas de protección para los arrendatarios, destacando la renovación automática de ciertos tipos de contratos y el refuerzo de las restricciones actuales para evitar los desalojos.
Esta respuesta gubernamental surge como contestación directa al mensaje enviado por Maricarmen. La mujer, quien se encuentra actualmente ingresada en un hospital, pidió que su situación personal sirviera como catalizador para cambiar las leyes y normativas que permitieron su salida del inmueble donde vivió durante setenta años.
El caso de Maricarmen cobró especial relevancia pública después de que fuera obligada a abandonar su hogar tras una operación policial. Según los datos aportados por el Sindicato de Inquilinas, el edificio fue adquirido por una inmobiliaria que procedió a elevar el precio del alquiler en un 275%, alcanzando la cifra de 2.650 euros mensuales. Esta situación se enmarca en una tendencia generalizada de encarecimiento de la vivienda en el país; según datos de Idealista, el precio medio del alquiler en España se ha duplicado en el transcurso de una década, situándose en 15,1 euros por metro cuadrado en agosto.
A nivel internacional, el caso ha recibido la atención de las Naciones Unidas. Koldo Casla, relator especial de la ONU sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada, afirmó que el desalojo ejecutado el pasado 23 de septiembre vulneró una medida cautelar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU había emitido en junio. Según Casla, España tenía la obligación de suspender el procedimiento de desalojo hasta que se resolviera el fondo del caso.
El relator de la ONU subrayó que, en situaciones como la de Maricarmen, es imperativo valorar las circunstancias personales del afectado, tales como la edad, la discapacidad, los ingresos y el tiempo de residencia, además de analizar las condiciones del propietario. Asimismo, Casla cuestionó la calidad de la alternativa habitacional que se le ofreció a la mujer y sugirió la necesidad de implementar una regulación mucho más estricta para las empresas dedicadas al negocio del alquiler.
En el plano parlamentario, la aprobación de este paquete de medidas dependerá en gran medida del apoyo de Junts. Jordi Turull, secretario general de dicha formación, ha indicado que respaldarán la norma siempre y cuando incluya medidas concretas para limitar la capacidad de actuación de los grandes fondos inmobiliarios. No obstante, Turull ha puesto una condición clara: el texto no debe incorporar disposiciones que, a su juicio, “criminalicen al pequeño propietario”. Esta posición política resulta crucial para el Ejecutivo de Sánchez, quien no cuenta con mayoría propia en el Congreso y necesita apoyos externos para convalidar el decreto.
