El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Chile ha tomado un giro significativo, evidenciando una profunda brecha entre la demanda ciudadana y la gestión política actual. De acuerdo con datos proporcionados por la encuesta Criteria de julio de 2026, el aborto legal cuenta con una aprobación del 84% de la población cuando se trata de su aprobación en alguna de sus causas. Esta cifra sitúa la demanda por el derecho a decidir como un tema de urgencia y relevancia transversal para las mujeres en el país.
La magnitud de este respaldo social contrasta drásticamente con la valoración que la ciudadanía tiene sobre la administración actual. Según la misma encuesta Criteria, en su medición de septiembre de 2026, el presidente Kast registra un nivel de aprobación de apenas el 29%. Esta disparidad sugiere que la demanda por el acceso al aborto legal sobrepasa las divisiones partidistas, credos religiosos, diferencias de clase y concepciones valóricas, convirtiéndose en una convocatoria social amplia.
A pesar de este amplio consenso ciudadano, el acceso real a la interrupción del embarazo sigue estando condicionado por el factor económico. En la actualidad, se denuncia que solo aquellas personas que poseen los recursos financieros necesarios pueden acceder a un aborto, y aun en esos casos, el procedimiento debe realizarse a menudo de forma clandestina. Esta situación pone en entredicho la capacidad del Estado para garantizar los derechos sexuales y reproductivos.
En particular, se cuestiona el rol de la institucionalidad en la aplicación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que ya contempla las tres causales: violación, riesgo para la vida de la mujer y embarazo no viable. Aunque teóricamente el Estado debe garantizar el acceso a quienes requieran abortar bajo estos motivos, en la práctica existen numerosas barreras que impiden que dicha garantía se materialice. El problema se agrava cuando quienes legislan y gobiernan priorizan sus intereses personales y creencias religiosas por sobre la necesidad de abordar el tema como un asunto de salud pública y país.
En este contexto, la bancada del Partido Republicano ha sido blanco de críticas. Específicamente, se señala al diputado Romero por intentar justificar la persecución penal del acompañamiento al aborto utilizando un argumento de salud pública basado en la persecución de la venta ilegal de medicamentos. Sin embargo, se argumenta que esta última conducta ya posee un tipo penal específico asociado, lo que sugiere que el enfoque del legislador podría tener otros objetivos.
Asimismo, se ha denunciado una contradicción en los sectores políticos que representan los intereses de los grupos más acaudalados. Mientras estos sectores intentan sobremoralizar la política basándose en credos religiosos para legislar en contra del aborto, se señala que ellos mismos resuelven la necesidad de la interrupción del embarazo mediante el pago de clínicas privadas. Esta situación es calificada como hipócrita, ya que se legisla en función de intereses económicos mientras se juzga la necesidad de miles de mujeres que desconocen dicha facilidad económica.
Desde la perspectiva de las organizaciones feministas, el acceso al aborto es un hecho social capaz de salvar vidas. Se sostiene que los intentos de retroceder en estos derechos responden a un proyecto ideológico global que busca concentrar el poder y enriquecerse a costa de la vida de mujeres y niñeces. Según se plantea, quienes legislan en este sentido no lo hacen pensando en la sociedad, sino en beneficios personales.
Por el contrario, son las mujeres y las infancias que han vivido situaciones de abandono, vulnerabilidad, violencia y precarización quienes demandan una legislación sin barreras. El objetivo es ejercer el derecho a decidir con dignidad, partiendo de la premisa de que los abortos existen y seguirán existiendo, independientemente de las opiniones valóricas de ciertos sectores o los intereses económicos de los poderosos.
La demanda final es evitar que la decisión de abortar siga exponiendo a niñas y mujeres a los riesgos de la clandestinidad. Bajo la premisa de que la maternidad debe ser deseada y la infancia querida y respetada, se reafirma que el derecho a decidir ya está asentado en el sentido común y que, en el contexto actual, el aborto representa una cuestión de justicia social.
