El Fondo Milagro, entidad encargada de coordinar la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto, ha puesto sobre la mesa cifras que generan un fuerte contraste entre la ejecución de obras en terreno y los costos operativos de su funcionamiento. Según un documento remitido por el gerente de la entidad, Jaime Andrés Uribe, a la Comisión Accidental Bicameral encargada del seguimiento a los damnificados, la entidad ha destinado apenas una fracción mínima de sus recursos disponibles a la intervención física de las zonas afectadas.
De un presupuesto total de 624.656 millones de pesos, provenientes de un préstamo del Banco Mundial integrado al Presupuesto General de la Nación, el Fondo ha adelantado procesos contractuales por 7.440 millones de pesos. Esta cifra representa solo el 1,2 % del capital disponible. El gerente Uribe precisó que, hasta la fecha, el Fondo no ha recibido recursos adicionales de ninguna otra fuente, descartando la llegada de donaciones privadas, cooperación internacional, aportes de entidades territoriales o contribuciones de particulares.
El destino de esos 7.440 millones de pesos se ha concentrado exclusivamente en demoliciones y sus respectivas interventorías. El desglose financiero indica que 4.624 millones de pesos fueron asignados a obras en Pereira y 2.815 millones de pesos en Cali. Todos estos contratos fueron adjudicados mediante la modalidad de contratación directa por urgencia, con un plazo de ejecución que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. A estos costos se suma una consultoría integral de demoliciones otorgada a la firma Cortes y Mora Ingenieros Asociados S.A.S., cuyo valor se ha fijado en el 10 % del monto de los contratos adjudicados.
Mientras las alcaldías y gobernaciones continúan en proceso de validación de sus solicitudes de demolición y la rehabilitación de viviendas permanece en etapa de priorización, la entidad ha proyectado una inversión de 35.000 millones de pesos para la compra de vivienda nueva. Este beneficio, que alcanza un tope de 110 salarios mínimos (aproximadamente 192,6 millones de pesos), es pagado directamente al vendedor del inmueble. A la fecha, se han suscrito 154 beneficios en el Valle del Cauca (Cali, Roldanillo, Buenaventura y Trujillo) y 34 en Armenia, mientras que 283 familias de Pereira, Dosquebradas y Manizales se encuentran en proceso de verificación con el Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, la mayor controversia ha surgido al revelarse los costos de funcionamiento del Fondo. La nómina mensual de la entidad asciende a 765,6 millones de pesos, cifra que no incluye primas ni prestaciones sociales. A este monto se le suma la comisión fija mensual de la fiduciaria Fiducoldex, que administra el patrimonio autónomo, la cual asciende a 142 salarios mínimos, equivalentes a unos 248,6 millones de pesos. En conjunto, el funcionamiento operativo del Fondo supera los 1.000 millones de pesos mensuales.
El desglose salarial ha provocado duras críticas. El gerente Jaime Andrés Uribe percibe un salario mensual de 39.441.454 pesos. Le siguen cinco cargos estratégicos —el secretario privado y los directores Jurídico y de Contratación, Financiero y Presupuestal, de Planeación y PMO, y de Ingeniería y Reconstrucción— con sueldos de 36 millones de pesos cada uno. Asimismo, 13 coordinadores devengan 33 millones de pesos mensuales y un coordinador regional percibe 30 millones. En total, de las 27 personas vinculadas actualmente, 20 de ellas ganan 30 millones de pesos o más al mes. Los siete profesionales técnicos restantes perciben salarios que oscilan entre los 5,8 y los 18,9 millones de pesos.
Todos los empleados cuentan con contratos a término indefinido con la fiduciaria y prestan sus servicios en la ciudad de Pereira. El montaje operativo ha sido acelerado: el contrato de fiducia se firmó el 5 de octubre, el gerente fue vinculado el 9 de octubre y el manual de contratación se aprobó el 19 de octubre, casi dos meses después de la tragedia.
Esta estructura de costos ha sido blanco de fuertes cuestionamientos políticos. El senador Duvalier Sánchez, del Partido Verde, calificó la situación como una falacia de austeridad, asegurando que "aprovechar una tragedia para crear cargos, armar un ministerio y meterse 40 millones de salario es de miserables y desalmados".
