El Perú se encuentra atravesando un momento de profunda conmoción nacional debido a la visita de León XIV, el primer Pontífice con nacionalidad peruana. El Sumo Pontífice, quien es Robert Prevost, un pastor que optó por nacionalizarse peruano tras haber servido en el país durante dos décadas, retorna a la tierra que lo siente como un compatriota para realizar un recorrido por las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde es esperado por millones de fieles. Sin embargo, este acontecimiento, descrito como una visita histórica, se ha visto empañado por una decisión del Ejecutivo que ha generado fuertes cuestionamientos.
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, ha solicitado formalmente al Senado el permiso correspondiente para abandonar el territorio nacional el próximo 15 de noviembre. El destino de la mandataria es la ciudad de Shenzhen, China. Esta salida implica que la jefa de Estado faltará a la misa de despedida del Papa León XIV, programada para el lunes 16 de noviembre en la base aérea Las Palmas.
El análisis de la secuencia de los hechos sugiere que esta ausencia no es el resultado de un cruce de agendas fortuito, sino de una decisión deliberada del Gobierno. El viaje apostólico fue adelantado por el entonces presidente interino, José María Balcázar, luego de una audiencia mantenida en el Vaticano. Esta visita fue oficializada a comienzos de agosto, periodo en el cual el escrutinio de la segunda vuelta electoral aún se encontraba abierto, y fue declarada de interés nacional por el Ejecutivo.
Por el contrario, la cita bilateral con el presidente chino Xi Jinping, enmarcada en el contexto de la APEC, fue planteada por la presidenta Fujimori semanas después de la confirmación de la visita papal. La hora y la sede de dicho encuentro ya constaban en el itinerario remitido al Senado el pasado 6 de noviembre. Al haber estado primero el anuncio del Papa y posteriormente la cita en China, la elección de prioridades recae directamente en la gestión del Ejecutivo.
Desde el oficialismo, los reclamos emitidos por los sectores críticos han sido calificados como una muestra de mezquindad por parte de los adversarios políticos. No obstante, las críticas se centran primordialmente en lo que se describe como un mal manejo de los asuntos protocolares del Estado bajo la actual administración, señalando específicamente la falta de organización por parte de la gestión del canciller Carlos Espá.
La dimensión histórica de este gesto se agrava al recordar los precedentes recientes. En mayo de 2025, el Estado peruano, contando con la autorización del Congreso y el respaldo de los votos del fujimorismo, envió a la entonces presidenta Dina Boluarte a Roma. El objetivo de aquel viaje era asistir a la misa de inicio del pontificado de León XIV, bajo la premisa de que tal ocasión exigía la máxima representación del país.
Desde una perspectiva legal, el artículo 110 de la Constitución establece que el Presidente de la República personifica a la Nación. Esta fórmula constitucional adquiere una relevancia particular cuando la ciudadanía comparte un acontecimiento de características sin precedentes, como la visita del primer Papa peruano. Bajo este marco, se argumenta que quien encarna al país tiene la responsabilidad de acompañar el evento hasta su acto final, sugiriendo que la agenda comercial, aunque sea legítima, debería haberse programado en fechas distintas.
Este escenario de prioridades cuestionadas se suma a otros problemas críticos en la gestión estatal. Actualmente, las carteras encargadas de la mitigación ante el Fenómeno El Niño muestran un desempeño alarmante, alcanzando apenas el 11% de ejecución presupuestal. A esto se añaden tensiones institucionales, como los procesos de ratificación aplicados por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los cuales presuntamente desconocen la jurisprudencia sobre idoneidad y antecedentes disciplinarios de los administradores de justicia. Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha rechazado intentos de reelección encubierta en comicios ya celebrados, lo que ha dejado diversas alcaldías en manos de regidores que no cuentan con el reconocimiento de la ciudadanía.
