El escenario judicial en torno al caso Ueno Bank continúa generando fuertes tensiones en el ámbito político y legislativo. Actualmente, solo dos exautoridades se encuentran privadas de su libertad en relación con este proceso: el exmandatario Santiago Peña y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo. Sin embargo, para el diputado colorado Roberto González, estas detenciones resultan insuficientes para alcanzar una justicia integral en un caso que involucra sumas millonarias del Estado.
El legislador ha lanzado un reclamo directo hacia la Fiscalía, exigiendo que se inicien acciones legales contra los directivos de las diversas instituciones públicas que decidieron depositar fondos estatales en la entidad bancaria, incluso cuando ya existían señales de alerta claras. Según González, es imperativo identificar y procesar a los "actores de primer nivel", refiriéndose específicamente a aquellos funcionarios que fueron los responsables de disponer y autorizar dichos depósitos.
De acuerdo con datos preliminares, Ueno Bank concentraba una cifra alarmante de fondos públicos: G. 4,9 billones, lo que representa más de 850 millones de dólares. El diputado detalló que entre las instituciones que depositaron capitales en el banco se encuentran binacionales de gran envergadura como Itaipú y Yacyretá, además del Instituto de Previsión Social (IPS), Cajubi, la Administradora Nacional de Electricidad (ANDE) y el Ministerio de Economía y Finanzas.
Durante sus declaraciones, González fue enfático al señalar que las advertencias sobre la situación de la entidad eran visibles desde inicios del año 2026. Utilizando una metáfora irónica, el parlamentario afirmó que "todas las luces del árbol de Navidad estaban prendidas", sugiriendo que los riesgos eran evidentes para cualquier administrador diligente. En este sentido, cuestionó la lógica de los directivos que continuaron depositando fondos públicos, asegurando que, si se hubiera tratado de dinero propio, jamás habrían mantenido sus ahorros en dicha institución.
Ante este comportamiento, el legislador planteó dos escenarios posibles que podrían explicar la persistencia de los depósitos: que existió una "sugerencia" proveniente de la Presidencia de la República para brindar apoyo al grupo bancario, o que se trató de una orden directa. González subrayó que, independientemente de cuál sea la posibilidad correcta, la gravedad del hecho es extrema.
En cuanto a la responsabilidad legal, el diputado rechazó la idea de que el simple acto de denunciar al banco sea suficiente para que los funcionarios públicos se desliguen de sus responsabilidades. Para respaldar su postura, invocó el artículo 106 de la Constitución Nacional, el cual establece que los funcionarios públicos responden personalmente por sus actos. En consecuencia, sostuvo que los responsables no solo deben enfrentar penas privativas de libertad, sino que también deben responder con sus propios bienes para resarcir el daño causado.
González advirtió que un esquema de esta magnitud no pudo haber sido orquestado por un grupo reducido de personas, asegurando que hay responsabilidades compartidas entre el sector privado y el sector público. El parlamentario vaticinó que, si se lleva a cabo una investigación profunda y exhaustiva, "va a faltar cama" en las cárceles para albergar a todos los implicados.
Asimismo, el legislador hizo una distinción crucial entre los afectados por este caso. Mientras que los ahorristas particulares cuentan con mecanismos de reclamo y protección, como el Fondo de Garantía, el dinero público perdido no tiene ese respaldo individual, ya que pertenece a la totalidad de los ciudadanos del país.
En el plano judicial, el diputado lanzó duras críticas contra el fiscal general, Emiliano Rolón, calificando su desempeño en el caso como "muy lento, casi condescendiente". Debido a esta percepción de inacción, González adelantó que brindará su apoyo a un juicio político contra el fiscal general. Resulta notable que el diputado haya propuesto el nombre de Rolón cuando formaba parte del Consejo de la Magistratura, pero ahora se suma a las voces que impulsan un libelo acusatorio por presunta omisión ante las denuncias presentadas.
Finalmente, el diputado cuestionó la gestión del presidente Pedro Alliana, reprochándole el no haber destituido a las autoridades de los entes involucrados. Mencionó específicamente el caso del exministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien actualmente se desempeña como consejero de Itaipú. González sentenció que es una acción sencilla ir contra quienes ya perdieron el poder, pero lo verdaderamente necesario es avanzar contra aquellos que hoy cuentan con la "bendición del poder".
