El Ministerio de Salud, junto a Alejandro Vilches, quien se desempeñó como secretario de Discapacidad, han presentado formalmente ante la Justicia una serie de documentos que detallan presuntas irregularidades financieras y administrativas en la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La denuncia se centra en el pago de insumos médicos con sobreprecios exorbitantes, que en algunos casos alcanzaron hasta un 1.972% más que los valores abonados por otras reparticiones públicas, como es el caso del PAMI.
En el escrito judicial, los denunciantes calificaron estas anomalías como “desvíos que resultan técnicamente indefendibles”. La investigación, que fue revelada inicialmente por el diario La Nación, se basa en informes técnicos sobre compras realizadas por la entidad. Estos documentos fueron firmados el pasado 10 de abril y el 15 de octubre de 2025, fecha posterior al estallido del escándalo vinculado a los audios atribuidos al exdirector de la entidad, Diego Spagnuolo.
El primer documento presentado detalla compras específicas de prótesis, válvulas pulmonares, sillas de ruedas, implantes cocleares y un neuroestimulador. El segundo escrito amplía la denuncia incluyendo insumos ortopédicos, presuntos errores administrativos y referencias de mercado utilizadas para analizar las facturas en el área de Discapacidad. Cabe destacar que, ya en octubre, Vilches había advertido que su gestión se enfocaba en analizar expedientes y procedimientos para detectar irregularidades que podrían configurar apartamientos a las normas vigentes.
Uno de los casos más destacados en el informe involucra a la firma Farma Salud. El documento señala un pago de 425 millones de pesos realizado el 8 de julio de 2025 por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. Al comparar este gasto con una adjudicación del PAMI realizada el 25 de marzo de 2025 a la empresa Siprotec SA por el mismo sistema, se observa que el valor unitario del PAMI era de 124.200.000 pesos, es decir, menos de un tercio de lo que pagó la ex ANDIS. Asimismo, se apunta contra Farma Salud por la adquisición de una válvula pulmonar autoexpandible y endoprótesis, donde la diferencia de precios respecto a los proveedores del PAMI llegó al 711%.
La irregularidad también se extendió a los implantes cocleares adquiridos a Droguería Floresta. El informe indica que el precio promedio abonado por unidad fue de 62.613 dólares. En contraste, una adjudicación similar de septiembre estableció un valor de 12.125 dólares por unidad, considerando una compra por volumen. Incluso tomando la referencia de mercado de 16.975 dólares, el incremento abonado por la ANDIS representa un 269% por encima del precio estimado, lo que supone una diferencia de 45.638 dólares por unidad.
En relación con la proveedora Neurosalud, se detectó que en junio de 2025 se realizó un pago de 132,4 millones de pesos por un neuroestimulador implantable bilateral de batería no recargable. Sin embargo, un mes antes, el PAMI había adquirido el mismo dispositivo por un valor de 41,5 millones de pesos por unidad, evidenciando una diferencia del 219% respecto a los montos de mercado.
Además de los sobreprecios, la denuncia incluye pagos duplicados. Se menciona que la proveedora Indecomm emitió seis facturas en noviembre, y una de ellas, la B 00001-00000958 por un monto de 28,7 millones de pesos, habría sido abonada en dos oportunidades.
El segundo informe, firmado en abril, expone "errores de categorización técnica". Se detalla la facturación de unidades C01 con precios entre 11 y 14,9 millones de pesos, cuando, debido a la patología, correspondían unidades D01 con Tilt, cuyos valores de referencia son significativamente menores, oscilando entre 1,3 y 2,3 millones de pesos. En este sentido, la denuncia sostiene que se insistió sistémicamente en el uso de módulos importados con sobreprecios de entre el 300% y el 1000%, a pesar de que el equipamiento nacional ofrecía mejor ajuste anatómico, mayor durabilidad y un precio menor, careciendo dicha decisión de sustento clínico y financiero.
El documento también relata un caso de presunto fraude en Río Negro, donde un paciente necesitaba una prótesis por una amputación. Aunque existía un remito firmado por la madre del beneficiario que acreditaba la entrega, el relevamiento directo confirmó que el bien nunca fue recibido y que la firma fue obtenida mediante inducción a error durante la toma de medidas.
Finalmente, se menciona el caso de un andador con un sobreprecio del 4.239%. Según la Ortopedia Bernat, la factura estaba impaga hasta mayo y explicaron que se había adjudicado un equipo sofisticado pero se entregó uno más sencillo, aunque el circuito administrativo continuó facturando el valor original.
La investigación judicial cuenta ahora con los informes de Vilches y un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que también detectó diferencias de precios incluso entre licitaciones internas de la propia ANDIS. A partir de esto, el fiscal federal Franco Picardi ha centrado su acusación en un sistema de licitaciones presuntamente limitado, con menos oferentes de los recomendados por las autoridades.
