El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional ha tomado la decisión de aplazar para este jueves, a las 2:00 de la tarde, el conocimiento de la medida de coerción correspondiente a los 26 imputados involucrados en el proceso judicial conocido como el caso Senasa 2.0. Esta determinación judicial se produjo tras una jornada de comparecencias iniciada el pasado miércoles en la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional.
La audiencia comenzó puntualmente a las 2:00 de la tarde del miércoles, momento en el que el Ministerio Público procedió a presentar formalmente la solicitud de medida de coerción contra los encartados. Durante el desarrollo de la sesión, se permitió que todos y cada uno de los imputados ofrecieran sus declaraciones ante el tribunal. Asimismo, el proceso contó con la intervención de seis abogados de la defensa, quienes expusieron sus argumentos técnicos y legales en favor de sus representados.
En cuanto a las pretensiones del órgano acusador, el Ministerio Público ha solicitado al tribunal la imposición de 18 meses de prisión preventiva. Esta medida va dirigida contra un grupo diverso de personas que incluyen a exempleados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), profesionales de la medicina y ciudadanos particulares. Todos ellos fueron detenidos en el marco de las acciones ejecutadas durante la denominada Operación Senasa 2.0-A. Adicionalmente, la fiscalía ha solicitado que el tribunal declare el caso como de tramitación compleja, debido a la naturaleza de las investigaciones y la cantidad de personas involucradas.
La procuradora de corte, Mirna Ortiz, brindó detalles relevantes sobre el estado de las declaraciones recogidas. Ortiz reveló que diez de los imputados han admitido los hechos de los que se les acusa en este proceso. Con un tono de seguridad sobre el resultado del proceso, la procuradora afirmó que "la única realidad que sucederá en este proceso al finalizar es que el juez impondrá lo que ha solicitado el Ministerio Público a cada uno de los encartados", subrayando la convicción del Ministerio Público sobre la solidez de las pruebas presentadas.
El desarrollo de la audiencia estuvo bajo la dirección del juez Rigoberto Sena. Durante la sesión, el magistrado ordenó la implementación de dos recesos: el primero con una duración de una hora y el segundo, un receso breve de 10 minutos. Tras estas interrupciones y la evaluación de lo acontecido en la sala, el juez Sena procedió a aplazar el conocimiento final de la medida de coerción para la fecha y hora ya mencionadas.
En el transcurso del primer receso, el abogado Nolasco Rivas abordó la posibilidad de que existieran acuerdos entre los procesados y el Estado. Rivas aseguró que, hasta el momento, desconoce si los imputados han establecido negociaciones con el órgano acusador. El abogado justificó esta falta de certeza señalando que los interrogatorios se han realizado de manera "independiente". Explicó que el Ministerio Público ha interrogado a cada persona por separado y que, basándose en ello, la entidad solicitó la prisión preventiva para la totalidad de los imputados, razón por la cual no puede confirmar la existencia de negociaciones.
Por su parte, el abogado Félix Portes compartió el estado anímico y la postura de sus representados. Portes manifestó que los imputados han expresado sentir una profunda "vergüenza por la situación" en la que se encuentran. Según el abogado, algunos de los procesados han señalado sentirse "engañados" con relación a los temas que originaron el caso, mientras que confirmó que al menos cinco de ellos admitieron los hechos imputados.
Portes enfatizó que el sentimiento generalizado entre los acusados es de pesar, indicando que "todos dicen estar avergonzados; que es una vergüenza para su familia y su buen nombre". No obstante, el representante legal subrayó que, independientemente de su situación emocional, todos los imputados han manifestado su intención de no entorpecer las investigaciones en curso. Según Portes, los procesados se mantienen a entera disposición del Ministerio Público y han expresado su deseo de que la situación se aclare a través del proceso judicial.
