El diputado Manolo Rojas ha informado oficialmente que la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados llevará a cabo el debate de la denominada Ley Antibloqueo. La sesión para analizar esta normativa ha sido programada para el próximo miércoles 30 de septiembre, iniciando sus actividades a las 14:30 horas en las instalaciones de la mencionada comisión.
Según los detalles proporcionados por el legislador, el proyecto de ley que se someterá a debate es el resultado de un proceso de consolidación legislativa. En este sentido, se han unificado un total de diez proyectos diferentes que habían sido presentados previamente sobre la materia, con el objetivo de estructurar una norma coherente y unificada. El nombre oficial que recibirá este cuerpo normativo será “Ley para Garantizar la Libre Locomoción y Protección del Pueblo Boliviano”.
El documento normativo propuesto consta de un total de 22 artículos. Entre las disposiciones más destacadas de la propuesta se encuentra el establecimiento de sanciones penales estrictas para quienes interrumpan el tránsito en las vías públicas. De acuerdo con el texto, se prevé una pena privativa de libertad de cinco años para aquellas personas que lleven a cabo bloqueos de carreteras y caminos.
Además de las sanciones por el cierre de vías, la propuesta pone un énfasis particular en la protección de las fuerzas del orden. El proyecto plantea que aquellos ciudadanos que agredan físicamente a un efectivo policial durante el cumplimiento de sus funciones puedan enfrentar penas más severas. En este punto, el diputado Rojas señaló que existen solicitudes para que la sanción se incremente, pasando de los cinco años a un máximo de diez años de privación de libertad en los casos donde se afecte la integridad física de los policías.
Respecto a este incremento en las penas, el parlamentario fundamentó que dicha medida se alinea con las directrices internacionales. Rojas mencionó que el endurecimiento de las sanciones para quienes agredan a los efectivos policiales sería coherente con lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha ordenado a través de sus diversas recomendaciones.
La llegada de esta iniciativa a la comisión legislativa ocurre en un momento de particular sensibilidad política y social. Actualmente, el país se encuentra bajo la vigencia de un estado de excepción, un marco jurídico que ya limita ciertas libertades en función de la seguridad nacional y el orden público. A este escenario se suman los recientes anuncios de movilizaciones por parte de diversos sectores sociales y del sector transporte. Estos grupos han manifestado su disconformidad y han cuestionado las medidas económicas que han sido adoptadas por el Gobierno.
Es precisamente en este contexto de tensión social donde los impulsores de la norma buscan establecer un marco legal que sea permanente. El objetivo es contar con una herramienta jurídica estable que permita sancionar de manera sistemática las acciones que interrumpan la libre circulación en las carreteras del país, evitando que estas medidas de presión afecten el desplazamiento de la población.
No obstante, el debate que se llevará a cabo el 30 de septiembre no se limitará únicamente a la definición de las penas. La Comisión de Justicia Plural deberá analizar a fondo el alcance de las nuevas disposiciones para asegurar que la norma sea viable. Uno de los puntos centrales de la discusión será determinar la compatibilidad de estas sanciones con los derechos fundamentales, específicamente el derecho a la protesta y el derecho a la libre expresión.
En resumen, la Cámara de Diputados se prepara para discutir una norma que busca equilibrar la protección de la libre locomoción y la seguridad de las fuerzas policiales frente al ejercicio de los derechos civiles en un periodo marcado por la inestabilidad económica y la amenaza de nuevas movilizaciones sociales.