La "Beni Princess" no es un cítrico ordinario. Con una piel de color naranja intenso, una fragancia irresistible y una textura gelatinosa con jugo dulce, esta fruta es el resultado de 20 años de investigación y el cruce de dos variedades de élite. Para los fruticultores de la prefectura de Ehime, en el suroeste de Japón, el lanzamiento de esta variedad representaba una oportunidad económica lucrativa, dado que los cultivos de lujo en el país suelen alcanzar precios exorbitantes.
Sin embargo, la ilusión de agricultores como Ryohei Mori y su esposa, Kyeong-hui Choi, se ha visto empañada por la sospecha de un robo intelectual. La pareja llegó a arrancar unos 200 árboles de otra variedad y a solicitar un préstamo para construir invernaderos y adquirir plantones, una inversión inicial considerable. Ahora, temen que agricultores chinos se adelanten a la comercialización de la próxima primavera, cultivando la fruta sin autorización. Esta preocupación ha escalado hasta el Gobierno japonés, donde el ministro de Agricultura, Norikazu Suzuki, ha calificado la situación como “particularmente grave” tras informes de que plantones de "Beni Princess" se venden en sitios de comercio electrónico en China mientras la solicitud de protección de propiedad intelectual sigue pendiente.
Este incidente es parte de una "guerra encubierta" en Asia que incluye espionaje de semillas y contrabando de plantones. A diferencia de una canción o una película, impedir que alguien transporte y plante semillas es sumamente complejo. Japón ya vivió una experiencia similar con la uva Shine Muscat a principios de los años 2000. Debido a que el país no registró la variedad en mercados extranjeros a tiempo, granjas de China y Corea del Sur comenzaron a cultivarla y venderla a precios muy reducidos. En Hong Kong, por ejemplo, las uvas chinas se venden a una vigésima parte del costo de las japonesas. El ministro Suzuki estima que Japón deja de percibir unos 20.000 millones de yenes (US$ 26,9 millones) anuales en regalías debido a este error administrativo.
La problemática no solo afecta las finanzas, sino también el valor de marca y la calidad. Productores como Shinya Sato, de la prefectura de Yamanashi, denuncian que los imitadores se apropian del nombre de la variedad pero producen frutas de menor calidad, ya que no aplican las técnicas minuciosas de poda y luz solar necesarias. Sato ha tenido que recurrir a instalar redes de seguridad en sus vides para disuadir a los ladrones, una medida que no existía cuando su padre gestionaba la finca.
El marco legal internacional es fragmentado. Aunque existe la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), con 80 Estados miembros, este organismo no hace cumplir la ley. El propietario de la variedad debe solicitar protección país por país y, en caso de robo, debe demostrar mediante pruebas genéticas que la fruta replicada es la misma que la protegida, una tarea costosa y ardua para laboratorios universitarios o centros pequeños.
No obstante, algunas empresas multinacionales han logrado victorias legales. En 2011, el FBI descubrió en Iowa a Mo Hailong, un ciudadano chino que robaba semillas de maíz modificado genéticamente para enviarlas a China; fue condenado en 2016 a 36 meses de prisión. Asimismo, la empresa neozelandesa Zespri ganó una batalla legal contra Gao Haoyu, quien contrabandeó ramas del kiwi dorado "Sungold" a China. Gao fue condenado a pagar US$ 8,8 millones en Nueva Zelanda y casi US$ 780.000 en China, además de la orden de eliminar sus huertos ilegales. Curiosamente, Gao alegó que sus motivos eran altruistas y que solo quería contribuir al pueblo chino.
Expertos como David Jefferson, de la Universidad de Canterbury, señalan que si bien existen críticas sobre el control corporativo de los alimentos y el impacto en comunidades indígenas, la protección de variedades es crucial para la innovación. El contrabando desincentiva la inversión en investigación y desarrollo. Esto es especialmente crítico frente al cambio climático, que amenaza la seguridad alimentaria. Un ejemplo es el contraste entre Vietnam y Tailandia: Vietnam, miembro de la UPOV, ha logrado aumentar el rendimiento de su arroz mediante nuevas variedades resistentes, mientras que Tailandia, con leyes de protección más débiles, registra una fuerte caída en la producción.
Mientras el sueño de una patente universal sigue siendo lejano, los agricultores japoneses continúan vigilando sus ramas, conscientes de que un solo corte ilegal puede destruir años de trabajo y millones en ganancias potenciales.
