El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, manifestó este viernes su determinación de combatir con "mayor dureza" a las mafias ilícitas que operan en el territorio nacional. Estas declaraciones surgen en un contexto crítico, marcado por una nueva ola de asesinatos que ha afectado a diversas regiones del país, generando una creciente preocupación sobre la seguridad ciudadana y la estabilidad del Estado.
Durante una intervención pública realizada en una refinería ubicada en Santa Cruz, una de las zonas más golpeadas por los recientes crímenes, el mandatario expresó su profunda preocupación por el impacto que esta violencia podría tener en la percepción internacional de Bolivia. Paz advirtió que, de no frenarse esta situación, la ola de violencia generará "una suerte de sello negro de muerte ante el mundo", lo que comprometería seriamente la imagen del país en el exterior.
El jefe de Estado destacó que el Gobierno cuenta ahora con el respaldo legislativo necesario para intensificar las acciones contra el crimen organizado. Al respecto, señaló que los parlamentarios han aprobado una prórroga del estado de excepción, una medida legal que permite a las fuerzas de seguridad actuar con mayor severidad. Según el presidente, esta herramienta es fundamental para enfrentar a las mafias ilícitas que, según sus palabras, están intentando desestabilizar el país mediante el "narcoterrorismo".
En su discurso, Rodrigo Paz fue enfático al señalar que no se puede permitir la presencia de estas actividades criminales en espacios estratégicos como Santa Cruz. El mandatario atribuyó la entrada del narcoterrorismo al territorio nacional a la negligencia de "unos cuantos maleantes del pasado", quienes habrían facilitado el ingreso de estas organizaciones, causando así un daño significativo a la reputación de Bolivia.
Esta preocupación por la imagen internacional adquiere una relevancia inmediata, ya que el presidente deberá defender la posición y la situación del país en los próximos días durante la sesión de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Nueva York, Estados Unidos. Ante este escenario, Paz instó a las autoridades a mantenerse firmes en la lucha contra este flagelo, asegurando que no se puede permitir que los grupos criminales ganen la batalla por el control y la seguridad.
El mandatario apeló a la dignidad, la fuerza y la transparencia de los ciudadanos y las autoridades para cambiar el destino de la patria, reafirmando que la capacidad de transformación del país es superior a las acciones de los grupos delictivos.
Paralelamente a estas declaraciones, el Gobierno ha tomado medidas operativas concretas en otras regiones afectadas. Se ha instruido la ejecución de una operación inmediata en el departamento de Pando, mientras se alista una nueva modalidad de combate contra el delito para optimizar la respuesta estatal.
La situación en San Ignacio de Velasco refleja la complejidad del panorama actual. En dicha localidad, el patrullaje de seguridad se ha visto obstaculizado por una marcada falta de recursos, lo que ha llevado a que militares salgan a patrullar las calles utilizando armamento de guerra. Esta medida extrema responde a la presión de la comunidad local, que ha exigido un blindaje militar estable ante la amenaza constante de los narcotraficantes, quienes presuntamente están reclutando a jóvenes en las zonas fronterizas.
Como parte de los avances en las investigaciones criminales, se informó sobre la aprehensión de un ciudadano brasileño, quien se encuentra investigado por un doble crimen ocurrido en San Ignacio de Velasco. Este hecho subraya la naturaleza transnacional de la violencia que el Gobierno intenta combatir mediante la prórroga del estado de excepción y el incremento de la dureza en las operaciones contra las mafias.
