El Estado peruano atraviesa actualmente una situación de extrema complejidad, marcada por dos crisis paralelas que demandan una respuesta gubernamental caracterizada por la firmeza y la agilidad en la ejecución de medidas. Por un lado, la nación enfrenta un deterioro alarmante en materia de seguridad ciudadana, donde el avance del crimen organizado ha generado un escenario crítico que se describe como un desangramiento del país. Esta problemática se ha convertido en una de las prioridades urgentes para la población, que exige soluciones concretas frente a la creciente violencia y la operatividad de las redes criminales.
De manera simultánea, el Perú se encuentra bajo la amenaza del fenómeno El Niño (FEN), un evento climático que ya ha comenzado a impactar sectores económicos vitales. Específicamente, las actividades pesqueras y el sector agropecuario ya están sufriendo los efectos de este fenómeno, el cual presenta una amenaza de magnitud destructiva sin precedentes para las próximas semanas. La gravedad de la situación climática obliga a una preparación inmediata para mitigar los daños que podrían afectar la infraestructura y la economía de diversas regiones del territorio nacional.
A estas emergencias coyunturales se suma un lastre de problemas estructurales que han sido ignorados durante años. El país arrastra deficiencias profundas en servicios básicos y pilares del desarrollo, destacando la falta de atención en los sectores de salud y educación. Asimismo, existen vacíos críticos en materia de saneamiento, infraestructura y desarrollo productivo, elementos que han sido postergados sistemáticamente y que hoy limitan la capacidad de respuesta del Estado ante cualquier crisis.
Ante este panorama, el Poder Ejecutivo ha recurrido al Congreso de la República para solicitar, con carácter de urgencia, la delegación de facultades legislativas. Este mecanismo constituye una herramienta constitucional habitual en la gestión pública peruana, diseñada para permitir que el Gobierno actúe con la celeridad que las circunstancias extraordinarias requieren. Como respaldo a la normalidad de este pedido, se resalta que, únicamente en el periodo comprendido entre los años 2001 y 2016, el Ejecutivo emitió un total de 316 decretos legislativos bajo el amparo de delegaciones otorgadas por el Legislativo.
Sin embargo, la solicitud de facultades ha chocado con una postura de obstruccionismo por parte del actual Congreso, especialmente proveniente de las bancadas de oposición. Se ha denunciado que diversas comisiones están adoptando conductas que dilatan los plazos y entorpecen la gestión pública, tales como el rechazo sistemático de informes y el maltrato hacia los funcionarios que asisten a sustentar las propuestas gubernamentales. Esta actitud es vista como una contradicción frente a la situación de emergencia que atraviesa la ciudadanía.
La crítica hacia el Parlamento sostiene que una mayoría de sus integrantes ha priorizado la politiquería y la confrontación, comportándose como si se encontraran en medio de una campaña electoral en lugar de atender los problemas urgentes de la población. Se argumenta que el interés por el bienestar del país ha quedado en segundo plano frente a los intereses políticos, mientras que la ciudadanía continúa exigiendo resultados tangibles ante la situación crítica de inseguridad y riesgos climáticos.
Desde la perspectiva del Ejecutivo, la delegación de facultades legislativas no debe interpretarse como la entrega de un "cheque en blanco". La propuesta es que se otorgue la oportunidad de ejecutar las acciones necesarias para enfrentar las crisis actuales, dejando la fiscalización y la crítica para una etapa posterior a la implementación de las medidas. La premisa es clara: permitir que el Gobierno avance en la resolución de las emergencias para evitar que el retraso administrativo profundice el daño social y económico.
Finalmente, se advierte que la imagen del Congreso ya se encuentra deteriorada ante la opinión pública. El comportamiento actual de la institución, calificado como el de un "perro del hortelano" —que no deja que otros aprovechen lo que él mismo no utiliza—, podría llevar al Parlamento a un nivel de desprestigio aún mayor. En un contexto de extraordinaria urgencia, los peruanos demandan celeridad en sus autoridades y una voluntad política orientada a la acción inmediata.
