El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, presentó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado un plan detallado para fortalecer la gestión del sistema penitenciario peruano. El eje central de esta estrategia radica en la renovación de los cuadros directivos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), bajo el liderazgo de Abraham Lescano, quien asumió la dirección de dicha entidad el pasado 3 de septiembre.
El ministro Álvarez fue enfático al señalar que el objetivo primordial de la nueva gestión es la designación de funcionarios que no presenten cuestionamientos legales ni administrativos. La estrategia de selección implementada por Lescano busca integrar perfiles especializados en seguridad, asegurando que quienes lideren el sistema posean una trayectoria intachable. Para lograr esto, el Gobierno plantea un modelo híbrido de contratación que combine la incorporación de personal externo experto en materia de seguridad con la permanencia de funcionarios y exfuncionarios del propio INPE.
Según detalló el titular de Justicia, la condición indispensable para los trabajadores internos o antiguos servidores es que no registren ninguna investigación en su hoja de servicios. El ministro explicó que se busca combinar una visión nueva y especializada, proveniente del exterior, con la experiencia sectorial de aquellos funcionarios que han mantenido una conducta profesional sin manchas. De esta manera, la administración penitenciaria pretende optimizar la seguridad y la eficiencia operativa en los centros de reclusión.
En cuanto a las acciones de corto plazo, el ministro informó sobre la ejecución de operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas en diversos establecimientos penitenciarios. Los resultados de estas intervenciones permitieron el decomiso de objetos prohibidos, específicamente armas blancas, sustancias ilícitas y una antena de comunicaciones. No obstante, Álvarez destacó un hecho particular ocurrido en el penal El Milagro, donde los operativos no arrojaron el hallazgo de ningún elemento ilegal.
Este resultado en El Milagro ha sido interpretado por el Ministerio de Justicia como una señal de alerta. El ministro señaló que la ausencia de hallazgos sugiere que existió una filtración de información previa por parte de funcionarios que conocían los detalles del operativo. Ante esta situación, el Gobierno ha anunciado que se aplicará un tratamiento especial y diferenciado para este penal en el transcurso de la presente semana, con el fin de abordar las presuntas irregularidades internas.
Respecto a la problemática del hacinamiento, que afecta críticamente a las cárceles del país, el ministro propuso el restablecimiento del programa denominado "Cárceles Productivas". Esta iniciativa está orientada a los internos que no hayan cometido delitos violentos, permitiéndoles desarrollar diversos oficios y adquirir herramientas técnicas que faciliten la construcción de un nuevo proyecto de vida al recuperar su libertad. El ministro subrayó que la viabilidad y el éxito de esta medida dependen estrictamente de la participación activa del sector privado.
Mirando hacia el mediano plazo, el plan de reorganización se extiende no solo a las cárceles de adultos, sino también a los centros juveniles. Una de las medidas más relevantes planteadas por Álvarez es la creación de al menos cuatro establecimientos destinados exclusivamente a internos de alta peligrosidad, buscando así una mejor segmentación y control de la población penitenciaria.
Sobre la situación de los centros juveniles, el ministro reveló un dato preocupante: el 51 % de los internos en estos centros ya han alcanzado la mayoría de edad, pero continúan conviviendo con menores de edad. Ante este escenario, el Ministerio de Justicia evalúa la disposición de un establecimiento exclusivo para aquellos internos que cuentan con un mandato de juez juvenil, independientemente de su edad actual, para evitar la coexistencia de adultos y menores.
Finalmente, el ministro abordó el tema del bloqueo de comunicaciones en los penales, aclarando que el funcionamiento de estos sistemas depende directamente de los funcionarios a cargo de cada establecimiento. Al respecto, señaló que la propuesta de facultades legislativas incluye este punto, ya que la normativa vigente establece requisitos específicos de capacitación por parte del INPE para que una persona pueda ejercer el cargo de director de un penal, aspecto fundamental para garantizar la operatividad de las restricciones de comunicación.
