Una multitudinaria concentración se llevó a cabo este martes frente al Palacio de Tribunales, donde diversos sectores sociales, sindicales y políticos manifestaron su firme rechazo al reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La medida judicial en cuestión restituyó la derogación de la Ley de Tierras, una acción que había sido dispuesta originariamente a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23.
La jornada de protesta contó con una amplia y diversa representación de la sociedad civil y el mundo del trabajo. Entre los asistentes se destacaron las dos vertientes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), así como diversos gremios pertenecientes a la Confederación General del Trabajo (CGT). Asimismo, la movilización sumó la presencia de organismos de derechos humanos, agrupaciones de excombatientes de Malvinas y representantes de partidos de izquierda, consolidando un frente opositor a la resolución del Máximo Tribunal.
El epicentro de la manifestación se trasladó a Plaza Lavalle, donde los asistentes desplegaron banderas y consignas dirigidas específicamente contra los jueces de la Corte Suprema. El núcleo del reclamo se centra en la denuncia de que la eliminación de los topes a la venta de campos y recursos estratégicos a capitales extranjeros constituye una amenaza directa contra la soberanía nacional. Los manifestantes sostienen que habilitar la adquisición indiscriminada de tierras por parte de entidades extranjeras pone en riesgo el control sobre los recursos naturales y la seguridad territorial del país.
La movilización no se limitó únicamente a los sectores sindicales y políticos. En la esquina de Mitre y Pellegrini, se concentraron organizaciones socioambientales, jubilados, docentes, estudiantes y vecinos, quienes se sumaron al reclamo en defensa de la Ley de Tierras. Esta diversidad de actores refleja la transversalidad del malestar generado por la resolución judicial, extendiendo la protesta desde los ámbitos gremiales hacia el sector vecinal y estudiantil.
Desde el Frente de la Izquierda de los Trabajadores (FIT) y las dos centrales CTA, se aseguró que la derogación del DNU 70/23 debe ser total. Para estas organizaciones, el fallo de la Corte no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto más amplio de políticas que consideran perjudiciales. En este sentido, la movilización también funcionó como un espacio para exigir la anulación completa del decreto, argumentando que sus disposiciones afectan diversos derechos y sectores sociales.
La convocatoria, que inició a partir de las 16 horas con rumbo hacia Tribunales, fue impulsada por una coalición de más de 70 organizaciones sociales, territoriales y piqueteras. Estos grupos no solo centraron su protesta en la cuestión agraria y la soberanía de los suelos, sino que aprovecharon la jornada para manifestarse contra las políticas de ajuste implementadas por el gobierno actual.
A lo largo de la tarde, las consignas resonaron en los alrededores del Palacio de Tribunales, enfatizando que la justicia no debe avalar medidas que, a juicio de los manifestantes, faciliten la entrega de recursos estratégicos. La presencia de excombatientes de Malvinas añadió una carga simbólica a la protesta, vinculando la defensa de la tierra y la soberanía territorial con la memoria histórica de la nación.
En resumen, la jornada del martes dejó en evidencia una fuerte resistencia social frente a la decisión de la Corte Suprema. La articulación entre sindicatos, partidos de izquierda y organizaciones sociales permitió convertir la protesta contra la Ley de Tierras en una demanda generalizada por la derogación del DNU 70/23 y un rechazo frontal a las políticas económicas y judiciales que, según los sectores movilizados, vulneran la soberanía nacional y el bienestar social.
