El Gobierno Nacional ha remitido al Congreso la propuesta de Presupuesto para el año 2027, un documento que incluye un capítulo específico dedicado a la discapacidad. Este apartado plantea modificaciones sustanciales en el régimen de pensiones y en el sistema de prestaciones, cambios que actualmente se encuentran en proceso de debate legislativo, habiéndose iniciado el tratamiento en la Cámara de Diputados. Es importante subrayar que estas medidas no están vigentes, ya que forman parte de un proyecto sujeto a la aprobación del Poder Legislativo.
El esquema propuesto por el Ejecutivo se centra en tres ejes fundamentales: los mecanismos de acceso a la pensión por invalidez, la compatibilidad de dicho beneficio con la actividad laboral formal y la metodología para determinar los valores que perciben los prestadores de servicios. Asimismo, el proyecto introduce alteraciones en diversas disposiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Uno de los puntos más destacados del proyecto se refiere a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. La propuesta establece que el monto de este beneficio sea equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. Si bien este porcentaje coincide con lo estipulado actualmente para la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social, creada bajo la Ley 27.793, la modificación central no radica en la cuantía del monto, sino en el régimen normativo bajo el cual se otorga la prestación.
El cambio más significativo en este rubro es la nueva relación propuesta entre la pensión y el trabajo. El proyecto de Presupuesto establece que la pensión será incompatible con la existencia de un vínculo laboral formal, así como con estar inscrito en el régimen general o simplificado vigente. Esta postura representa un giro respecto a la normativa actual. Bajo la Ley 27.793, los beneficiarios de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social pueden mantener su prestación mientras trabajen o estén inscritos en un régimen tributario, siempre y cuando sus ingresos mensuales no superen el límite de dos salarios mínimos. En el sistema actual, si se supera dicho tope, la prestación se suspende temporalmente, pero mantiene la posibilidad de ser rehabilitada una vez que cese la situación de exceso de ingresos.
Por otro lado, el proyecto introduce cambios en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, la herramienta que define los valores de las prestaciones recibidas por las personas con discapacidad. En el marco de la Ley 27.793, los aranceles mantienen un valor uniforme para todas las personas jurídicas obligadas, asegurando un esquema común de costos para las prestaciones del sistema.
Sin embargo, la propuesta presupuestaria sugiere que el Nomenclador deje de regirse por valores universales. En su lugar, se propone que cada entidad obligada determine los valores en su relación directa con los prestadores. Para aquellas prestaciones donde el obligado sea el Estado nacional, el proyecto plantea un mecanismo de actualización trimestral de aranceles, los cuales serían determinados por la Secretaría Nacional de Discapacidad basándose en una propuesta del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas. En caso de que no se realice la actualización en el plazo previsto, se utilizará la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC como referencia. A pesar de esta descentralización de valores, el proyecto sostiene la obligación de garantizar un piso mínimo prestacional común, sujeto a estándares de calidad, adecuación y oportunidad.
Asimismo, el proyecto de Presupuesto modifica artículos de la Ley 27.793, la cual estableció la emergencia nacional en discapacidad con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Entre las modificaciones, se propone derogar el artículo que garantiza una cobertura de salud específica para los titulares de la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. También se elimina el mecanismo de conversión de oficio de las pensiones otorgadas antes de la Ley 27.793 al nuevo régimen de protección social.
Este escenario ocurre en paralelo a que el Congreso analice una iniciativa independiente para extender la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, trámite que ya ha sido impulsado por las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
En términos financieros, el proyecto asigna partidas específicas dentro del Ministerio de Salud para 2027. Se contemplan $6,094 billones destinados a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y $1,165 billones para la atención médica de los beneficiarios de pensiones no contributivas. Adicionalmente, se asignan $7.414 millones para Acciones de Integración de Personas con Discapacidad —que incluye subsidios, asistencia técnica y capacitación— y $8.355 millones para la Prevención y Control de Discapacidades. En total, estas cuatro partidas suman aproximadamente $7,275 billones.
El proyecto, enviado al Congreso el 15 de septiembre, continúa su recorrido legislativo, lo que significa que las propuestas sobre empleo, pensiones y prestaciones pueden sufrir modificaciones antes de su eventual conversión en ley.
