El Estado peruano ha presentado una propuesta formal para la creación de una red judicial coordinada entre diversos países de América Latina y Europa. El objetivo central de esta iniciativa es optimizar y agilizar los procesos de recuperación de bienes y activos que se encuentren vinculados a actividades del crimen organizado y actos de corrupción, buscando combatir la estructura financiera de las organizaciones criminales.
La propuesta consiste en la instauración de la Red Eurolatinoamericana de Extinción de Dominio. Este organismo estaría integrado por jueces especializados provenientes de las naciones participantes, permitiendo un frente común contra el blanqueo de capitales y el ocultamiento de patrimonio ilícito. El proyecto fue presentado oficialmente por Manuel Luján Túpez, quien se desempeña como coordinador del Subsistema en Extinción de Dominio del Poder Judicial peruano.
Para dar viabilidad a este proyecto, la iniciativa cuenta con el respaldo estratégico de PACCTO 2.0, el programa de cooperación de la Unión Europea destinado a América Latina y el Caribe. El propósito fundamental de esta alianza es establecer un marco que facilite el intercambio fluido de información, el flujo de experiencias exitosas y la unificación de criterios técnicos entre los magistrados. De esta manera, se pretende mejorar la capacidad de los Estados para identificar activos ilícitos y ejecutar su recuperación de manera más eficiente.
La necesidad de este mecanismo se fundamentó en una reunión preparatoria en la que participaron representantes del sector judicial de diversas naciones. Entre los países que formaron parte de estos encuentros preliminares se encuentran Ecuador, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Italia, México y Guatemala, evidenciando un interés multilateral en combatir el flujo financiero del delito.
Durante su exposición, Manuel Luján enfatizó que las organizaciones criminales contemporáneas poseen un carácter transnacional, operando a través de múltiples fronteras y jurisdicciones para dispersar sus ganancias. Ante esta realidad, Luján señaló que la justicia requiere de una coordinación mucho más estrecha y directa. No obstante, subrayó que la propuesta de cooperación está diseñada para que el intercambio entre jueces sea más ágil sin que ello afecte la independencia judicial ni vulnere las leyes internas de cada uno de los Estados involucrados.
En cuanto a los resultados tangibles en el ámbito local, el Poder Judicial peruano proporcionó datos estadísticos que respaldan la importancia de estas medidas. Según el reporte oficial, en el periodo comprendido entre el año 2019 y mayo de 2026, se han logrado extinguir bienes vinculados a actividades criminales por un valor superior a los 224 millones de dólares. Específicamente, durante el transcurso del año 2026, la cifra de activos recuperados ya supera los 17 millones de dólares.
Finalmente, la propuesta detalla que la red no sería un acuerdo informal, sino que tendría una estructura organizativa permanente para garantizar su operatividad a largo plazo. El esquema planteado incluye la creación de un consejo superior, una secretaría permanente y una secretaría pro tempore, además de la designación de coordinadores nacionales en cada país miembro. El objetivo final de esta arquitectura institucional es fortalecer la cooperación jurídica internacional enfocada específicamente en la extinción de dominio y la recuperación efectiva de activos.
