El Gobierno de Estados Unidos ha emitido una advertencia contundente dirigida a los funcionarios públicos que brinden protección a integrantes de organizaciones criminales, señalando explícitamente que estas medidas podrían alcanzar a gobernadores mexicanos. El anuncio fue difundido a través de las redes sociales de la Oficina de Política Nacional del Control de Drogas, marcando una postura rígida frente a la complicidad gubernamental con el narcotráfico.
La directora de dicha oficina, Sara Carter, reafirmó la postura de la administración de Estados Unidos respecto a los cárteles y los funcionarios corruptos. A través de su cuenta en la plataforma X, la funcionaria destacó la importancia de mantener una colaboración estrecha entre Washington y el Gobierno mexicano, aunque dejó claro que la cooperación no exime de responsabilidad a quienes colaboren con el crimen organizado.
En una entrevista concedida a Voz Media, la zarina antidrogas detalló la estrategia implementada por la administración de Donald Trump, la cual consiste en actuar sin distinción contra cualquier individuo que facilite las operaciones de los cárteles. Carter subrayó que las instrucciones del presidente Trump han sido precisas y tajantes en cuanto al manejo de la complicidad y la corrupción.
La funcionaria advirtió que no importará el rango o la posición jerárquica de la persona implicada. Según sus declaraciones, si alguien ayuda o es cómplice de los cárteles, o si colabora con organizaciones terroristas, las autoridades estadounidenses procederán en su contra, independientemente de si se trata de un gobernador estatal o de un empleado de una pequeña tienda en una plaza local. La directora aseguró que el Gobierno de Estados Unidos los encontrará y se asegurará de que paguen las consecuencias de sus actos.
Este clima de tensión se ve reflejado en las acusaciones directas contra Rubén Rocha, quien solicitó licencia en el estado de Sinaloa, así como contra otros nueve funcionarios de su administración. Estados Unidos ha señalado que este grupo de personas presuntamente brindó protección a la facción conocida como "Los Chapitos". No obstante, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha respondido a estas señalamientos afirmando que la administración de Trump no ha presentado pruebas contundentes que sustenten las acusaciones contra el gobernador.
A pesar de las advertencias, Sara Carter hizo un llamado a la unidad para erradicar el poder de las organizaciones criminales. La funcionaria instó a las contrapartes a unirse en un esfuerzo conjunto para poner fin a esta situación, argumentando que es posible acabar con los cárteles si existe un trabajo coordinado. Carter cuestionó por qué se debe permitir que estas dinámicas persistan entre ambas naciones, sentenciando que Estados Unidos ya no tolerará dicha situación.
En un tono severo, la funcionaria de la Casa Blanca aseguró que, durante el tiempo restante de la administración de Donald Trump, ningún integrante de cualquier cártel podrá dormir tranquilo, reforzando la determinación de Washington de perseguir a los líderes criminales.
Como parte del contexto de relación bilateral y seguridad, el Gobierno de México ha llevado a cabo tres entregas masivas de narcotraficantes entre los años 2025 y 2026. A través de estos operativos, se trasladó a un total de 92 personas que se encontraban recluidas en cárceles mexicanas y que eran requeridas por la justicia estadounidense. Estas expulsiones abarcaron a líderes y operadores de diversas organizaciones, incluyendo los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo, de Juárez y del Noreste, además de Los Zetas y los Beltrán Leyva.
La primera de estas entregas se registró el 27 de febrero de 2025, con el traslado de 29 personas. Entre los perfiles más destacados de este grupo se encontraban Rafael Caro Quintero y los hermanos conocidos como ‘El Z-40’ y ‘El Z-42’.
Posteriormente, el 12 de agosto de 2025, se realizó una segunda entrega que incluyó a 26 presuntos delincuentes. En este grupo figuraron personajes como Servando Gómez Martínez, alias ‘La Tuta’, exlíder de Los Caballeros Templarios; Abigael González Valencia, conocido como ‘El Cuini’; y Juan Carlos Félix Gastélum, ‘El Chavo Félix’, señalado como uno de los principales operadores de la facción de Ismael ‘El Mayo’ Zambada.
Finalmente, la tercera expulsión ocurrió el 20 de enero de 2026, mediante el traslado de 37 individuos considerados por las autoridades mexicanas como riesgos para la seguridad nacional. Entre los trasladados destacaron Pedro Inzunza Noriega, ‘El Señor de la Silla’, identificado como el segundo al mando de la organización de los Beltrán Leyva, y Armando Gómez Núñez, alias ‘Delta 1’, vinculado con una célula del CJNG.
