Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida ampliamente como la "zar antidrogas" del gobierno del presidente Donald Trump, ha lanzado una advertencia contundente dirigida a cualquier persona que colabore con las organizaciones criminales en México. En declaraciones recientes, la funcionaria aseguró que Washington buscará responsabilizar a quienes ayuden a los cárteles, independientemente del cargo que ostenten, ya sean gobernadores, funcionarios públicos o civiles.
Estas declaraciones, difundidas el pasado 8 de octubre a través de una entrevista con Voz News, subrayan la intención de la administración estadounidense de intensificar la presión sobre las redes de protección que permiten la operatividad del narcotráfico. Carter fue enfática al señalar que el estatus político o administrativo no servirá como escudo para evitar la persecución legal de los Estados Unidos. "No nos importa si son gobernadores. Iremos tras ustedes", afirmó la funcionaria, dejando claro que la estrategia de Washington no distinguirá niveles jerárquicos.
La advertencia de Carter se extiende a todos los niveles de colaboración, desde las altas esferas del poder político hasta los colaboradores locales más pequeños. En una de sus frases más directas, la zar antidrogas señaló: "No nos importa si eres el gobernador o si eres la persona que trabaja en la plaza en una tiendita pequeña. Te vamos a encontrar, vamos a ir tras de ti y nos vamos a asegurar de que pagues el precio". Esta postura refleja un cambio o reforzamiento en la estrategia estadounidense, que ahora busca atacar no solo la estructura operativa de los cárteles, sino también el ecosistema de apoyo que los sostiene.
El contexto de estas declaraciones es particularmente sensible debido a las investigaciones en curso contra diversos funcionarios mexicanos. Entre ellos destaca el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, quien ha sido señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Aunque Sara Carter no mencionó explícitamente el nombre de Rocha Moya en la entrevista difundida, sus palabras se interpretan en el marco de las acusaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha formulado contra funcionarios de dicho estado.
Al respecto, es importante señalar que Rubén Rocha Moya ha rechazado categóricamente los señalamientos en su contra. Por su parte, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, informó el pasado 21 de agosto que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas investigaciones sobre diez personas señaladas por Washington. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado formalmente a Estados Unidos las pruebas que sustenten dichas acusaciones para dar seguimiento a los procesos legales correspondientes.
A pesar de la dureza de las advertencias, Sara Carter reconoció que existe una coordinación activa entre el gobierno de Donald Trump y el gobierno mexicano encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. La funcionaria subrayó la necesidad de encontrar puntos de coincidencia para enfrentar el tráfico de drogas y evitar que las organizaciones criminales sigan operando en ambos territorios. "Lo que digo es que se unan a nosotros, lo detengan, podemos poner un fin a los cárteles trabajando juntos", expresó Carter.
Esta postura se alinea con la Estrategia Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos para 2026. Este documento oficial establece como prioridades la desarticulación de las redes de suministro, la persecución de los recursos financieros de los cárteles y la reducción del consumo de sustancias. El plan contempla actuar tanto contra los operativos del narcotráfico como contra los mecanismos de financiamiento y protección.
En cuanto a las herramientas legales, Carter mencionó previamente en una entrevista con N+ Univision que Estados Unidos tiene la capacidad de revocar visas a personas sospechosas de colaborar con el crimen organizado como medida de protección para la población estadounidense. No obstante, se ha aclarado que una advertencia pública no constituye automáticamente una orden de captura, sanción o solicitud de extradición, ya que estas acciones dependen de pruebas concretas y de los mecanismos de cooperación jurídica internacional.
Finalmente, cabe destacar el perfil de Sara Carter, quien fue confirmada en su cargo por el Senado estadounidense el 6 de enero de 2026, con una votación de 52 votos a favor y 48 en contra. Como directora de la ONDCP, su responsabilidad es asesorar al presidente de los Estados Unidos en la política nacional de control de drogas y coordinar las prioridades entre las diversas instituciones federales, abarcando desde la prevención y el tratamiento de adicciones hasta el combate frontal al tráfico ilícito.
