La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se encamina a una sesión decisiva este miércoles 16 de septiembre de 2026, donde el punto central de la agenda será la determinación sobre el alargamiento del estado de excepción. A pocas horas del inicio de la jornada parlamentaria, el panorama político se muestra fragmentado, con diversas bancadas manifestando posturas encontradas que oscilan entre el apoyo incondicional, el rechazo tajante y la expectativa sujeta a la presentación de informes técnicos por parte del Órgano Ejecutivo.
En el espectro de quienes respaldan la medida, la bancada de APB Súmate, junto con una fracción del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ha adelantado que votará a favor de la extensión. El argumento principal reside en la necesidad de brindar una sensación de seguridad y tranquilidad a la ciudadanía, que actualmente se encuentra preocupada por la situación del país. Al respecto, el diputado Freddy Camacho, representante de APB Súmate, señaló que, aunque el estado de excepción haya sido transgredido, es imperativo mantener un marco político que permita gestionar el orden público. Camacho calificó la medida como necesaria, sugiriendo que, incluso si el impacto resultara ser simbólico, el respaldo político es fundamental para la estabilidad social.
En contraste, la Alianza Popular ha adoptado una postura de rechazo frontal a la ampliación de esta disposición. El diputado Rolando Pacheco fue enfático al adelantar que su bancada no apoyará la prórroga, fundamentando su decisión en que la medida ya ha cumplido un periodo de 90 días. Pacheco recordó que su agrupación ya ha interpuesto una acción inconstitucional abstracta, bajo el argumento de que la prolongación del estado de excepción vulnera el derecho a la vida.
Además de los cuestionamientos legales, el legislador de Alianza Popular lanzó duras críticas hacia la gestión del Gobierno, señalando una preocupante falta de rendición de cuentas sobre las disposiciones dictadas durante los periodos de conflicto. Según Pacheco, el Presidente evita presentar los resultados de estas medidas por temor a que la presión social, impulsada por el hambre y las necesidades básicas de la población, derive en protestas callejeras que pongan en riesgo su mandato.
Por su parte, el debate sobre la transparencia y la justificación técnica ha cobrado fuerza en otras bancadas. La senadora del PDC, Ana María Crispín, expresó su malestar debido a que el Ejecutivo no ha presentado los informes técnicos que expliquen los logros obtenidos mediante la aplicación del estado de excepción. Crispín subrayó que cualquier prórroga debe estar sustentada en un informe justificativo. En este sentido, cuestionó la coherencia del Gobierno, preguntando específicamente por qué, si existe un temor real que justifique la medida, no se han ejecutado las órdenes de aprehensión contra Evo Morales y el sector del "evismo".
En una línea similar, el diputado de Alianza Unidad, Álvaro Casasola, condicionó la postura de su bancada a la entrega de un informe transparente y detallado. Casasola enfatizó que es imprescindible contar con una respuesta clara del Ejecutivo para evitar convulsiones sociales o perjuicios a la población, tales como los bloqueos de carreteras. El legislador fue claro al indicar que, si el resumen presentado por el Gobierno resulta incompleto o carece de coherencia, el criterio de su bancada será rechazar la ampliación del estado de excepción, ya que no se podría justificar la necesidad de mantener tal medida.
Finalmente, la bancada de Libre mantiene una posición expectante. La senadora Tomasa Yarhui informó que aprovecharán la presencia de los ministros de Estado en la sesión de esta tarde para realizar una serie de preguntas y cuestionamientos directos sobre los aspectos operativos y legales del estado de excepción. Yarhui adelantó que, una vez obtenidas las respuestas de las autoridades gubernamentales, la bancada convocará a una reunión de emergencia para analizar la información y determinar su voto final.
La sesión de la tarde en la Asamblea Legislativa Plurinacional definirá si el país continuará bajo el régimen de excepción o si el Ejecutivo deberá buscar otras vías legales y políticas para gestionar la seguridad y el orden interno, en un contexto de fuerte polarización legislativa.
