La alcaldesa de la comuna de Quilicura, Paulina Bobadilla, ha manifestado su profunda preocupación y alertado sobre la crítica situación de seguridad que atraviesa el sector de Parinacota, específicamente en las inmediaciones de Pascual Gambino. A través de una entrevista concedida a Radio Bío Bío, la jefa comunal denunció que los vecinos de la zona se encuentran sumidos en el temor debido a la realización de un "velorio simbólico de alto riesgo", el cual ha sido escenario de disparos y detonaciones de fuegos artificiales.
Bobadilla aclaró que se trata de un funeral simbólico, ya que el féretro no se encuentra físicamente en el lugar, puesto que el cuerpo permanece en el Servicio Médico Legal (SML) debido a que el evento fue calificado como de alta peligrosidad. Esta situación ha generado un estado de alerta máxima en la comunidad, que ha reportado balaceras y amenazas constantes, transformando la tranquilidad del barrio en un escenario de incertidumbre y miedo.
Ante la gravedad de los hechos, la alcaldesa informó que se puso en contacto directo con el seremi de Seguridad para solicitar una intervención inmediata. Bobadilla fue enfática al señalar que las herramientas municipales son insuficientes para enfrentar la complejidad del crimen organizado. “Solos no podemos, no tenemos las herramientas para enfrentar al crimen organizado”, declaró la autoridad, subrayando que la comunidad se encuentra expectante y aterrorizada por los sucesos.
Uno de los puntos más alarmantes revelados por la alcaldesa fue la existencia de un audio enviado por una vecina, quien informó que una bala cayó peligrosamente al lado de su hijo mientras este jugaba con una consola de videojuegos. Bobadilla advirtió que las balas lanzadas al aire no desaparecen, sino que caen en cualquier lugar, poniendo en riesgo la vida de hombres, mujeres y niños que se encuentran dentro de sus propios hogares. “Esto, de verdad, que es aterrador”, sostuvo la jefa comunal.
Debido a que el funeral estaba previsto para el día siguiente a sus declaraciones, la alcaldesa exigió un copamiento policial preventivo, argumentando que la situación ha trascendido la simple organización de una "velatón" para convertirse en un foco de violencia con disparos y pirotecnia. Asimismo, hizo un llamado a que las leyes actuales no sean "letra muerta" y que se apliquen penas efectivas para frenar el avance de la delincuencia organizada.
En un relato desgarrador sobre la vida cotidiana de sus vecinos, Bobadilla mencionó que hay personas que no pueden dormir y que deben levantarse temprano para trabajar, pero que el miedo es tal que algunos llegan al extremo de dormir debajo de sus camas para evitar ser impactados por una bala perdida. “No es justo”, manifestó la autoridad, reiterando que la seguridad pública es una tarea que corresponde a las policías y al Ministerio Público, y no exclusivamente a los alcaldes.
La crisis ha afectado incluso la seguridad personal de la autoridad. La alcaldesa reveló que actualmente debe desplazarse con escolta, situación que también comparten otros colegas. A pesar de las amenazas permanentes que ha recibido, aseguró que no retrocederán en su gestión. “Es doloroso pero no retrocedemos. Pese a todas las amenazas permanentes, estamos ahí dando la pelea”, afirmó.
Finalmente, Bobadilla sugirió que, si Carabineros no cuenta con el contingente necesario para cubrir la zona, se considere el apoyo de los militares en labores preventivas, instando al Gobierno a apoyar a los municipios que están realizando sus máximos esfuerzos.
Este clima de violencia se enmarca en un hecho criminal ocurrido el pasado sábado 12 de septiembre. Según antecedentes del fiscal adjunto de la Fiscalía ECOH Metropolitana, Eduardo Pontigo, una víctima de 20 años fue atacada mientras se encontraba con otras dos personas. Desde un vehículo, un sujeto efectuó múltiples disparos, impactando al joven en aproximadamente seis ocasiones, lo que le provocó la muerte minutos después. Otras dos personas, un hombre de 42 años y una mujer de 40, también resultaron heridas en el ataque.
El proceso judicial avanzó rápidamente y el pasado martes 15 de septiembre, la Fiscalía ECOH RM logró obtener la prisión preventiva para un imputado de 19 años. El Segundo Juzgado de Garantía de Santiago decretó esta medida por los delitos de homicidio calificado, dos homicidios frustrados y porte ilegal de arma de fuego. El fiscal destacó la existencia de "alevosía", señalando que el imputado actuó con sobreseguro, llegando incluso a bajarse del automóvil para disparar nuevamente a la víctima que ya se encontraba tendida en el suelo. El tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.
