La crisis multisectorial que atraviesa Cuba ha impactado con especial crudeza a la población de la tercera edad. En un contexto donde la pirámide poblacional se encuentra aceleradamente envejecida, las redes de protección estatal, que en el pasado fueron presentadas como una bandera del sistema gubernamental, muestran actualmente signos severos de colapso. Según testimonios de activistas y observadores locales, la combinación de malnutrición, deterioro institucional, corrupción endémica y una creciente privatización ha dejado a miles de adultos mayores en una situación de vulnerabilidad extrema.
Uno de los puntos más críticos es el Sistema de Atención a la Familia (SAF), diseñado originalmente como un mecanismo de subsidio alimentario para los sectores más vulnerables. No obstante, este sistema es hoy blanco de duras críticas debido a la baja calidad de sus prestaciones y el desvío sistemático de sus insumos. José Alberto Álvarez Bravo, residente en La Habana, califica la situación del SAF como “deplorable”. El testimonio de Bravo revela que, en algunos casos, los administradores recurren a recoger las hojas externas de las coles, desechadas por vendedores, para elaborar caldos para los ancianos, asegurando que lo que se ofrece carece de valor nutricional.
Álvarez Bravo señala que, aunque la intención inicial pudo ser altruista, el sistema se ha degradado. Además, denuncia que los escasos recursos de calidad, como el aceite y el pollo, son frecuentemente desviados hacia el mercado negro, dejando a los beneficiarios únicamente con las partes menos valoradas, como las patas y las mollejas del pollo. Para el residente, la corrupción se ha convertido en un mal endémico donde, ante la crisis, la honradez no permite la supervivencia alimentaria.
Ante el vacío dejado por el Estado, han surgido iniciativas religiosas y comunitarias. En zonas como Los Sitios, en Centro Habana, proyectos como Quisicuaba ofrecen caldos y asistencia gratuita a cientos de ancianos que acuden diariamente con sus propios recipientes para obtener alimento.
La precariedad no se limita a la capital. En la provincia de Villa Clara, específicamente en el municipio de Camajuaní, el activista Librado Linares ha denunciado deficiencias alarmantes. Linares informó que uno de los comedores del SAF dejó de preparar comida por falta de leña, a pesar de que la zona está rodeada de tierras ociosas con marabú, una fuente abundante de combustible para cocción. Asimismo, reportó que otro comedor perdió su techo y no existen recursos asignados para su reparación.
La situación en los hogares de ancianos de Camajuaní es igualmente grave. Linares detalla que la dieta de los internos es repetitiva y precaria, consistiendo diariamente en tres platanitos hervidos y un caldo oscuro. En términos de infraestructura, describió un escenario degradante: para más de 70 internos existe una sola taza sanitaria, lo que ha llevado a que algunas personas realicen sus deposiciones en los pasillos. A esto se suma la desaparición de los ventiladores debido a robos.
Una fuente especializada, que solicitó el anonimato, confirmó que este deterioro es estructural y afecta a asilos y casas de abuelos en todo el territorio nacional. La crisis energética ha impactado directamente en el bombeo de agua potable y el funcionamiento básico de los inmuebles. Según esta fuente, los centros están saturados y muchas casas de abuelos superan su capacidad de acogida, dejando sin cobertura a personas en comunidades vulnerables, siendo la situación más severa en las comunidades afrodescendientes.
Las deficiencias incluyen el colapso de redes hidrosanitarias, déficit grave de proteína animal, incumplimiento en las entregas y el robo de insumos en la cadena de suministro. Sobre los supuestos logros del sistema público, la fuente es enfática al afirmar que mantener un servicio funcionando al mínimo no es un mérito del sistema, sino de los trabajadores sanitarios y cuidadores que mantienen su compromiso y empatía pese a la escasez.
Finalmente, el panorama muestra una marcada brecha socioeconómica. Mientras el Estado abandona sus responsabilidades, ha crecido una oferta privada de acompañamiento hospitalario y cuidados domiciliarios. Estos servicios, costosos y basados en remesas del exterior, son inaccesibles para la mayoría de los trabajadores cubanos. Un estudio del observatorio Cuido 60 indicó que una guardia hospitalaria podía costar desde 3.000 pesos, mientras que un cuidador a tiempo completo cobraba entre 20.000 y 30.000 pesos o más. Esta diferencia salarial incentiva que los profesionales abandonen las instituciones públicas para trasladarse al sector informal, dejando a los ancianos sin amparo familiar ni recursos financieros a merced de un sistema público desprovisto de lo básico para garantizar una vejez digna.
