El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó alcanzó un veredicto condenatorio en el proceso judicial seguido contra Ketty de las Mercedes Castro Cáceres, quien fue sindicada de haber mantenido el cadáver de su propia madre momificado al interior de su domicilio. Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en el sector de Aguas Negras, en la región del Maule, donde la mujer ocultó el cuerpo de su progenitora para llevar a cabo un plan de fraude financiero.
La investigación, liderada por la Fiscalía de Curicó, determinó que la acusada mantuvo el cuerpo de su madre fallecida en secreto con el objetivo deliberado de continuar percibiendo beneficios económicos. Según las declaraciones del fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, la intención de Ketty Castro Cáceres era clara: aprovecharse de las pensiones de Montepío que su madre recibía a través de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
Para lograr este objetivo y evitar que la entidad previsional detectara el fallecimiento de la beneficiaria, la imputada recurrió a la falsificación de documentos. Específicamente, Castro Cáceres falsificó diversas cartas poderes que posteriormente presentó ante Capredena. Mediante este engaño, la mujer logró obtener y cobrar prestaciones indebidas durante un periodo aproximado de cuatro años.
Dentro de las pruebas presentadas durante el juicio, se destacó un hecho ocurrido en el año 2017, fecha en la cual la imputada presentó un poder falso ante Capredena. Este documento fue analizado y se acreditó su falsedad, lo que permitió al tribunal establecer una condena específica por el delito de falsificación.
Además de las pensiones de Montepío, la investigación reveló que la mujer cometió otros fraudes contra el Estado. Durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, la acusada solicitó prestaciones a través de ChileAtiende. En dicho proceso, Castro Cáceres agregó cargas familiares que no correspondían a la realidad, obteniendo así subsidios estatales de forma fraudulenta. Estas acciones provocaron un perjuicio económico directo al fisco, hecho que fue sancionado por el Tribunal Oral.
El proceso judicial presentó diversas complejidades técnicas y legales. El fiscal Miguel Gajardo indicó que el tribunal acogió la pretensión de la Fiscalía de manera parcial, ya que algunos periodos de la acusación fueron declarados prescritos. No obstante, otros delitos fueron cometidos dentro del periodo de persecución penal vigente, lo que permitió que se emitiera el veredicto condenatorio.
Un aspecto relevante del caso fue la suspensión del juicio durante casi un año. Esta pausa se debió a que la defensa planteó la posibilidad de que la imputada presentara un cuadro de enajenación mental, lo que podría haber derivado en una declaración de inimputabilidad. Para resolver este punto, se llevaron a cabo exhaustivas pericias psicológicas y psiquiátricas.
El Servicio Médico Legal (SML) fue la entidad encargada de realizar las evaluaciones correspondientes. Tras el análisis, el SML estableció que no existía tal enajenación mental, descartando la inimputabilidad de la acusada. Este dictamen médico permitió que el proceso judicial se reanudara, procediendo posteriormente a los alegatos de clausura y al veredicto final del tribunal.
Actualmente, el proceso se encuentra a la espera de la definición de las penas. El fiscal Gajardo informó que la lectura de la sentencia final está programada para el próximo 25 de septiembre a las 13:00 horas. En dicha instancia, el tribunal determinará las sanciones que se aplicarán a Ketty Castro Cáceres, evaluando si corresponderá la aplicación de penas efectivas o si, por el contrario, se otorgarán penas sustitutivas según los criterios legales establecidos.
