La defensa legal de la expresidenta Cristina Kirchner volvió a situar el calendario electoral de 2027 como el eje central de su estrategia jurídica y política. Durante una conferencia de prensa realizada este martes 15, el equipo de abogados encargado de su representación presentó nuevos elementos técnicos con los que pretenden cuestionar la condena recibida en la causa Vialidad, trazando una hoja de ruta que alterna la intervención de organismos internacionales con la búsqueda de una revisión en la justicia argentina.
El equipo legal, encabezado por los abogados Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, fue explícito al señalar que el objetivo primordial es que la exmandataria pueda recuperar su libertad y reanudar sus actividades políticas. Según sostuvieron los profesionales, los plazos procesales actuales todavía brindarían una ventana de oportunidad para destrabar la situación judicial de Cristina Kirchner antes de que se definan las candidaturas para los comicios de 2027.
En este sentido, Javier Borrego detalló la existencia de tres vías complementarias para intentar revertir la situación jurídica de la expresidenta. La primera consiste en la presentación ya realizada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La segunda se basa en un eventual recurso de revisión dentro del sistema judicial argentino. Finalmente, Borrego planteó una tercera alternativa de carácter estrictamente político, sugiriendo que sería conveniente que el sector político demostrara que "no le tiene miedo a Cristina" y que el futuro de la dirigente sea resuelto a través de las urnas.
Uno de los puntos más debatidos durante la presentación fue la viabilidad de una candidatura en el marco de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Al respecto, Borrego sostuvo que, dado que las primarias son elecciones preparatorias y no implican la ocupación efectiva de un cargo público, existiría la posibilidad de que Cristina Kirchner se presente a pesar de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que pesa sobre ella. No obstante, Carlos Beraldi mantuvo una postura más prudente, remarcando que la estrategia se ejecutará "paso por paso", dependiendo estrictamente de la respuesta que brinde la ONU y de las posteriores resoluciones judiciales.
En cuanto a la cronología prevista, los abogados manejan una línea de tiempo que espera una definición por parte del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hacia el mes de octubre. A partir de ese resultado, contemplan avanzar con un recurso de revisión ante la Justicia argentina. Beraldi aseguró que esta herramienta procesal podría utilizarse incluso para solicitar la suspensión de los efectos de la condena mientras se analiza el fondo de la cuestión.
Desde el punto de vista técnico, la defensa busca incorporar una nueva prueba clave al esquema legal. Beraldi explicó que se trata de información obtenida de una base de datos de Vialidad Nacional, la cual fue incorporada durante una declaración testimonial en la causa Cuadernos. Según la defensa, estos datos contradicen una de las premisas fundamentales de la sentencia relacionada con la distribución de los fondos destinados a la obra pública.
Específicamente, los abogados señalaron que el Grupo Austral, vinculado al empresario Lázaro Báez, habría recibido aproximadamente el 0,85% de los fondos analizados entre los años 2009 y 2015. Para el equipo legal, esta cifra desmiente la hipótesis de que existió una asignación privilegiada de recursos en beneficio del empresario. Rafael Valim, abogado brasileño con experiencia en la defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, subrayó que este hallazgo muestra una contradicción directa entre la acusación y la información oficial de Vialidad Nacional, lo que, desde su perspectiva, cambia el escenario del caso.
En el plano político, Borrego cuestionó duramente la inhabilitación perpetua, afirmando que la condena tuvo como consecuencia real el desplazamiento de una mujer de la escena política porque "estorbaba". Asimismo, advirtió que la credibilidad del Poder Judicial estará en juego dependiendo de la respuesta que dé la justicia argentina frente a una eventual revisión.
Este despliegue legal ocurre en un momento de fragilidad y disputa interna dentro del peronismo, donde diversos sectores buscan posicionarse rumbo a 2027. Mientras Axel Kicillof y Sergio Massa miden fuerzas para liderar la alternativa electoral, el kirchnerismo mantiene viva la posibilidad de una candidatura de la expresidenta. Tanto La Cámpora como Máximo Kirchner han vinculado la presentación ante la ONU con la defensa de los derechos políticos de Cristina Kirchner.
Cabe recordar que, actualmente, la condena quedó firme en 2025 y la inhabilitación para ejercer cargos públicos permanece vigente. Por lo tanto, las acciones de la defensa representan un intento de abrir caminos jurídicos para modificar esa situación y evitar que la expresidenta quede excluida de la competencia electoral, buscando transformar la disputa jurídica en una discusión política que le permita recuperar margen de maniobra en la interna de su espacio.
