La calidad de los servicios públicos depende, en gran medida, de la implementación de procesos rigurosos de evaluación y capacitación continua. En el ámbito educativo, este principio adquiere una relevancia crítica, ya que el ingreso de docentes al sistema sin la debida demostración de competencias pedagógicas no solo perjudica directamente a los estudiantes, sino que también provoca una degradación progresiva de la confianza que la ciudadanía deposita en las instituciones del Estado.
La historia reciente de la gestión pública en el Perú ofrece lecciones claras al respecto. Las reformas estatales que han logrado los resultados más exitosos fueron aquellas que se fundamentaron en el mérito y la evaluación, estableciendo estos elementos como condiciones indispensables tanto para el ingreso como para la permanencia en el cargo. Esta premisa fue puesta a prueba entre los años 2013 y 2016, periodo en el cual la experiencia peruana demostró que el respeto estricto a estos principios de meritocracia se traduce en una mejora tangible de los resultados educativos. No obstante, la evidencia también sugiere que, cuando estos estándares son abandonados debido a presiones políticas, el costo es asumido por los ciudadanos y el desarrollo futuro del país.
En el contexto actual, la presidenta Keiko Fujimori y su ministro de Educación, José Antonio Chang, han señalado que la educación peruana atraviesa una situación de "crisis". Esta afirmación encuentra respaldo en datos recientes, particularmente en un informe presentado la semana pasada por el Banco Mundial, el cual detalla los niveles de retroceso en el aprendizaje que se registran en el territorio nacional. Sin embargo, surge una contradicción fundamental cuando se analiza el papel del bloque político que representa el actual Ejecutivo en la generación de este escenario.
Existen decisiones concretas y documentadas que vinculan la situación actual con acciones legislativas previas. Un punto focal es la aprobación de la Ley 31996 en el año 2024. Dicha norma fue aprobada por insistencia en el Congreso con un total de 92 votos, contando con el respaldo total del bloque de Fuerza Popular. Esta ley permitió el retorno a la Carrera Pública Magisterial de aproximadamente 14,000 docentes que habían sido cesados previamente debido a que no lograron aprobar las evaluaciones de mérito establecidas en la Reforma Magisterial de 2012.
Desde una perspectiva editorial, esta medida fue reportada en su momento como un golpe directo a la calidad educativa del país. Hoy en día, se observa que los resultados educativos deficientes que el gobierno actual lamenta son, en parte, la consecuencia directa de haber priorizado el retorno de docentes no evaluados sobre los estándares de competencia pedagógica. La decisión de reintegrar a miles de profesionales que no demostraron las aptitudes necesarias para el cargo ha impactado la calidad de la enseñanza, reflejándose ahora en las cifras de retroceso del aprendizaje.
Ante este panorama, se plantea que la reforma que el Perú necesita debe basarse en caminos ya transitados y con experiencias exitosas que puedan ser emuladas. Esto implica retomar la meritocracia docente, implementar evaluaciones continuas y, fundamentalmente, garantizar la continuidad de las políticas públicas para que estas trasciendan los ciclos políticos y no dependan de la voluntad del gobierno de turno.
Finalmente, es imperativo que la gestión pública actual oriente sus esfuerzos y sus limitados recursos hacia estas soluciones estructurales. Se advierte que no se debe persistir en el agotamiento de recursos escasos en debates considerados trasnochados, como la presunta lucha contra una ideología, objetivo que el titular del sector educativo ha afirmado que desea desterrar. El camino hacia la recuperación de la educación peruana reside en la capacidad técnica y el mérito, y no en la confrontación ideológica.
