El colectivo Yasunidos, organización responsable de impulsar la consulta popular realizada en 2023 para que el petróleo permanezca bajo tierra en el Yasuní, ha anunciado que llevará su caso ante instancias internacionales. Esta decisión surge luego de que la Corte Constitucional inadmitiera el recurso extraordinario presentado por el grupo contra una sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
La controversia legal tiene su origen en una resolución del Pleno del TCE, emitida el pasado 7 de abril de 2026. En dicha sentencia, el organismo electoral impuso sanciones económicas a dos integrantes de Yasunidos, estableciendo multas de 9.000 dólares para cada uno, lo que suma un total de 18.000 dólares en sanciones. Según la justificación brindada por la entidad estatal, la sanción se fundamentó en una supuesta infracción electoral derivada de la participación en la campaña de la consulta de 2023, específicamente debido a una diferencia de 0,39 dólares en la clasificación contable dentro de los registros de la organización.
Ante este fallo, Yasunidos presentó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, buscando revertir la decisión del TCE. Sin embargo, la sala de admisión de la máxima instancia constitucional, integrada por los jueces Jorge Benavides Ordóñez, Richard Ortiz Ortiz y José Luis Terán Suárez, determinó que el recurso no era admitido.
A través de un pronunciamiento oficial, el colectivo manifestó su rechazo a esta decisión judicial. En el comunicado, Yasunidos señaló que este caso no debe verse como un evento aislado, sino como una expresión de las diversas arbitrariedades cometidas por la Función Electoral. La organización sostiene que estas acciones han socavado la democracia y los derechos de participación ciudadana en el país.
El colectivo enfatizó que es precisamente en situaciones donde se requiere el control del poder y la garantía de los derechos constitucionales y democráticos cuando la ciudadanía más necesita la intervención y acción de la Corte Constitucional. Al no encontrar respaldo en la justicia interna, el grupo ha decidido trasladar su demanda a organismos internacionales.
Respecto a los siguientes pasos, Yasunidos informó que ya existen organismos fuera del país que realizan un seguimiento cercano a la situación de quienes defienden el Yasuní. Aunque no detallaron específicamente a qué instancias internacionales acudirán, dejaron claro que el proceso legal no finalizará con la inadmisibilidad de su recurso en Ecuador.
En cuanto a la situación financiera de las multas, el colectivo había informado el 14 de mayo de 2026 que logró recaudar la totalidad de los 18.000 dólares exigidos por el TCE. Para alcanzar esta cifra, la organización implementó diversas estrategias de recaudación, que incluyeron la realización de rifas solidarias, un evento denominado “fiesta por la vida”, campañas de financiamiento colectivo y el recibimiento de aportes provenientes de organizaciones tanto nacionales como internacionales.
Finalmente, Yasunidos reafirmó su postura política y social frente a este proceso judicial. En el cierre de su comunicado, la organización aseguró que no dejarán de exigir que se cumpla la voluntad popular expresada en las urnas. Asimismo, declararon que no permitirán que el aparato electoral sea utilizado como una herramienta para amedrentar a la ciudadanía que participa en procesos de defensa ambiental y democrática.
