La iniciativa del Departamento de Justicia de Estados Unidos para llevar a cabo una extensa investigación por conspiración contra exfuncionarios que participaron en las pesquisas dirigidas hacia el presidente Donald Trump ha entrado en una fase de inestabilidad. La renuncia repentina de Joe diGenova, el fiscal jefe que supervisaba la operación desde el sur de Florida, ha sumido el proceso en el caos y sugiere la posibilidad de nuevos retrasos en la presentación de cargos.
La dimisión de diGenova ocurrió un día después de mantener una tensa conversación telefónica el pasado miércoles con el secretario de Justicia, Todd Blanche. Según fuentes familiarizadas con el asunto, el enfrentamiento final se centró en el intento de diGenova de impedir que abogados enviados desde la sede central del Departamento de Justicia colaboraran en la investigación. Este conflicto se suma a desacuerdos más profundos sobre el ritmo que debía seguir el proceso investigativo.
Entre los puntos de fricción que agravaron la relación entre diGenova y sus superiores en Washington destaca la solicitud del fiscal para la construcción de una sala de alta seguridad, conocida como SCIF (Sensitive Compartmented Information Facility), en la oficina de Fort Pierce. El objetivo era facilitar el almacenamiento de material altamente clasificado por parte del equipo de la Fiscalía. Aunque la oficina contaba con una sala para evidencia sensible, no poseía la clasificación máxima requerida. Ante esto, funcionarios del Departamento de Justicia indicaron a diGenova que él y su equipo debían utilizar una SCIF ya existente en una oficina del FBI situada a varios kilómetros de distancia.
Asimismo, diGenova había presionado para obtener la asignación de más abogados para su equipo, una petición que fue rechazada por dos funcionarios del Departamento de Justicia, quienes negaron que se le hubieran denegado recursos necesarios para el caso.
Durante más de un año, el Departamento de Justicia ha mantenido el interés en presentar cargos penales contra el exdirector de la CIA, John Brennan, acusado de haber realizado declaraciones falsas ante el Congreso. No obstante, desde que diGenova asumió la dirección de la investigación en abril, optó por ampliar el enfoque, buscando presentar cargos más extensos contra diversos críticos políticos de Donald Trump que participaron en investigaciones sobre él durante la última década.
La renuncia de diGenova se produjo el jueves, en una jornada especialmente activa donde los investigadores presentaban a un testigo ante un jurado investigador, una de las prioridades señaladas por el presidente Trump. Esta salida inesperada podría demorar una investigación que ya había superado los plazos internos previstos, pues se esperaba que los primeros cargos se presentaran durante el presente mes. A pesar de esto, funcionarios del Departamento de Justicia han manifestado su confianza en el equipo restante para mantener el impulso del caso.
DiGenova, quien cuenta con más de 50 años de experiencia como fiscal veterano, declinó hacer comentarios extensos, limitándose a afirmar que fue un privilegio servir al presidente y al Departamento de Justicia, y subrayando que prepara sus casos "a la antigua usanza", basándose en testigos y pruebas, lo cual requiere tiempo.
El camino hacia esta investigación no ha estado exento de conflictos internos. Fiscales de carrera, inicialmente a cargo del caso, se mostraron reacios a procesarlo tras realizar un análisis legal que sugería que las pruebas eran insuficientes para sustentar una acusación. Debido a estas discrepancias, altos funcionarios del Departamento de Justicia apartaron en abril a Maria Medetis Long, la fiscal de carrera encargada, permitiendo que diGenova tomara el control.
Bajo la visión de diGenova, la investigación se diseñó para examinar posibles delitos relacionados con las pesquisas gubernamentales sobre Trump, abarcando desde la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 hasta los cargos federales por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago.
A pesar de las disputas, la actividad se había intensificado recientemente con una serie de citaciones a testigos. El operativo parece centrarse en objetivos más allá de Brennan, incluyendo a ex empleados gubernamentales con información sobre el papel del FBI en la investigación de los vínculos de Trump con Rusia en 2016. Entre los posibles objetivos se encuentra el exdirector del FBI, James Comey.
Recientemente, se emitieron citaciones para que testifiquen Lisa Page, exabogada del FBI, y el abogado Dan Richman, quien mantuvo una relación cercana con Comey durante 2016 y 2017. Además, un antiguo supervisor de la investigación del FBI sobre Rusia fue entrevistado durante varias horas tras recibir inmunidad. También fueron interrogados empleados de niveles inferiores de la CIA y los servicios de inteligencia sobre la evaluación de las elecciones de 2016 y el liderazgo de Brennan.
Algunos investigadores han analizado información sobre la campaña de Hillary Clinton en 2016 y la percepción pública de la relación de Trump con Rusia. Incluso se ha extendido el periodo de tiempo de las preguntas hasta el presente, contactando a un testigo relacionado con el registro de la residencia de Mar-a-Lago en 2023.
Sin embargo, la investigación ha enfrentado críticas legales debido a su amplitud temporal, remontándose a hechos de hace diez años que podrían estar fuera del plazo para presentar cargos, y a la cuestionable conexión geográfica con el sur de Florida, donde se constituyó el jurado investigador. Algunas de las líneas de trabajo coinciden con investigaciones previas, como la denominada “Crossfire Hurricane”, que ya fue revisada por el fiscal especial John Durham, el inspector general del Departamento de Justicia y los investigadores del Capitolio.
