La exlegisladora del exterior y actual vicepresidenta de la seccional del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Servia Iris Familia, ha generado un debate significativo al analizar la necesidad de implementar una política de Estado robusta en cuanto a la enseñanza de idiomas en la República Dominicana. Según la dirigente, el debate actual, impulsado en parte por las declaraciones del empresario turístico Frank Rainieri y la existencia de un proyecto de ley sobre la obligatoriedad de idiomas, evidencia una tensión clara entre la pragmaticidad económica global y las complejidades que definen la agenda geopolítica y migratoria del país.
En su análisis, Familia destaca que existe una diferencia fundamental entre la visión corporativa y la visión de política pública. Por un lado, reconoce que el enfoque del empresario Frank Rainieri es estrictamente pragmático y laboral. La postura de Rainieri se centra en resolver un déficit operativo inmediato en el sector turístico, que es uno de los motores económicos principales de la nación, donde el dominio del inglés es una herramienta indispensable para la operatividad diaria y la calidad del servicio.
Sin embargo, la exlegisladora sostiene que, mientras la visión empresarial aborda el problema desde la demanda del sector corporativo, su propuesta legislativa busca establecer un mecanismo de política pública de Estado. Esta perspectiva, según Familia, ofrece una visión mucho más amplia y estructural de las necesidades actuales de la población dominicana, elevando la discusión desde una simple opinión sectorial hacia una acción legislativa concreta.
El núcleo de la propuesta de Servia Iris Familia es la instauración de la enseñanza del inglés como segundo idioma de forma obligatoria en todas las escuelas públicas del país. La dirigente argumenta que, aunque el idioma inglés ha formado parte del currículo educativo dominicano durante décadas de manera básica, el sistema ha fracasado sistemáticamente en lograr que tanto los estudiantes como los profesionales dominen realmente la lengua.
Para solucionar esta falla estructural, el proyecto de ley propone obligar al Ministerio de Educación (MINERD) a diseñar y ejecutar programas rigurosos de formación docente. El objetivo primordial es evitar que el bilingüismo en las aulas dependa de la voluntad política del gobierno que se encuentre en el poder en cada periodo, otorgándole así una estructura legal, viabilidad institucional y continuidad administrativa.
Otro pilar fundamental de la propuesta es la equidad social. Familia enfatiza que priorizar el inglés en el sistema público dota a los estudiantes de bajos recursos de una herramienta competitiva a nivel global, permitiéndoles acceder a mejores oportunidades laborales y académicas. En este sentido, la exlegisladora ha manifestado que esta prioridad debe prevalecer sobre propuestas plurilingües, como aquellas que impulsan el creole, argumentando que estas últimas carecen del mismo peso en términos de inserción económica y retorno global.
Desde su experiencia como legisladora representante del exterior, Servia Iris Familia introduce una dimensión migratoria esencial al debate. Advierte que los jóvenes dominicanos que emigran enfrentan barreras severas y dificultades de integración debido a que no dominan el idioma inglés. Esta realidad complementa la visión de Rainieri: el inglés no es solo crucial para atender a los turistas que visitan la isla, sino que es vital para blindar las capacidades de los dominicanos que salen al extranjero o que optan por trabajar de forma remota en la creciente economía digital.
Finalmente, la dirigente perremeísta aseveró que su proyecto ofrece una solución jurídica y de equidad que valida la urgencia económica señalada por el sector turístico, pero que pone el foco en la reforma de las prioridades del aula pública. Familia concluyó abogando por la reintroducción de esta propuesta legislativa, asegurando que es la vía correcta para beneficiar a las presentes y futuras generaciones, reformando el sistema antes de diversificar los recursos del Estado hacia lenguas con menor impacto en la competitividad internacional.
