La Oficina Anticorrupción, encabezada por Gabriela Zángaro, ha puesto la lupa sobre Juan Ignacio Rivera, quien se desempeña como director de Asuntos Jurídicos del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN). La investigación se originó a raíz de una denuncia anónima presentada el pasado 13 de julio, en la cual se acusa al funcionario de intervenir en una causa de expropiación bajo un esquema que podría representar un conflicto de intereses y, potencialmente, un modus operandi sistemático dentro del organismo.
El núcleo de la controversia radica en la presunta dualidad de roles asumida por Rivera. Según la documentación a la que se ha tenido acceso, el funcionario habría actuado como abogado particular en una instancia de mediación prejudicial, representando los intereses privados de un consorcio en la causa caratulada “METAL VELTRI S.A. c/ EDESUR S.A. s/ Expropiación - Servidumbre Administrativa”. Mientras ejercía esta representación privada, Rivera mantenía su cargo jerárquico en el TTN, organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía y que es, precisamente, la entidad encargada de emitir los dictámenes técnicos sobre los valores indemnizatorios en este tipo de litigios.
La presentación judicial detalla que Rivera mantendría una relación profesional y societaria con la Dra. Geraldine Espósito, quien es además su pareja. El documento hace hincapié en que, aprovechando su posición de poder en el Tribunal de Tasaciones, Rivera habría tenido la capacidad de influir en los dictámenes técnicos vinculados a causas de expropiación. Específicamente, se señala que se habría instado a que la causa de Metal Veltri fuera sometida al dictamen del propio organismo donde el Dr. Rivera ejerce funciones, cerrando así un círculo de influencia altamente cuestionable.
La evidencia documental incluye la firma electrónica de Rivera en el acta de cierre de la mediación, fechada en julio de 2023, donde figura como asistente letrado de Metal Veltri S.A. Asimismo, existe un escrito judicial donde la representación de dicha empresa solicita expresamente al juez que las actuaciones sean remitidas al Tribunal de Tasaciones de la Nación para que se expida sobre el valor indemnizatorio de la servidumbre, siguiendo lo ordenado en el proceso.
Este escenario ha disparado alertas internas dentro del organismo. Fuentes calificadas indicaron que, meses antes de la denuncia, algunas personas advirtieron a Rivera que su conducta constituía una falta grave en sus deberes como funcionario público. La respuesta del director fue un tajante “no pasa nada”. Esta reacción ha llevado a los investigadores a plantear dos hipótesis: la primera es que este no sería un hecho aislado, sino una práctica recurrente en alguno de los 400 procesos de privatización en los que Rivera intervino desde el año 2023. La segunda hipótesis sugiere que Rivera actuaba con tal seguridad debido a que contaba con el respaldo y el “paraguas” de Julio Villamonte, presidente del Tribunal y quien es considerado su superior directo y jefe.
El caso se centra técnicamente en la posible vulneración de la Ley de Ética en la Función Pública. La intervención de Rivera como abogado particular en un litigio donde él mismo requirió la intervención técnica del organismo que dirige plantea un escenario evidente de conflicto de intereses. La disputa legal original entre Metal Veltri S.A. y Edesur S.A. versa sobre una “Servidumbre Administrativa de Electroducto” en un inmueble ubicado en la calle Ferre 3260 de la Ciudad de Buenos Aires. La empresa Metal Veltri demanda un resarcimiento económico alegando que la instalación de un Centro de Transformación por parte de Edesur ocupa varios metros cuadrados del terreno, afectando el dominio absoluto y exclusivo de la propiedad.
Tras ser notificado de la situación, el expediente pasó a manos de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia. En consecuencia, el 9 de septiembre, Juan Ignacio Rivera envió una comunicación a las autoridades del Tribunal de Tasaciones solicitando su apartamiento preventivo de la Dirección de Asuntos Jurídicos. En su misiva, Rivera pidió que se instrumenten las medidas para evitar cualquier intervención suya en los asuntos alcanzados por la investigación, incluyendo aquellos casos donde la Dra. Geraldine Espósito actúe como representante o abogada.
Finalmente, el proceso ha estado marcado por contradicciones administrativas. En una comunicación, Rivera informó que el expediente era de carácter reservado, mientras que al día siguiente indicó que no lo era. Mientras la Dirección de Transparencia evalúa los hechos, la pregunta sobre si este caso es la punta del iceberg de un sistema de influencias dentro del TTN sigue abierta, escalando la pirámide de responsabilidades hacia la conducción del organismo.
