Una reciente investigación periodística ha puesto en el centro de la controversia al titular de la Defensoría del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, tras revelarse presuntas irregularidades en la sustentación de diversos viajes internacionales de representación. El reporte, difundido por el programa Cuarto Poder, denuncia que el alto funcionario utilizó informes oficiales que contienen párrafos copiados íntegramente de otras fuentes, sin realizar la debida citación de los documentos originales.
La gravedad de estas omisiones fue analizada por la abogada penalista y profesora de metodología de tesis, Cecilia Madrid, quien confirmó la existencia de estas prácticas. Según Madrid, es evidente que hubo un proceso de "copia y pega" de diversos fragmentos de información provenientes de documentos elaborados previamente, incluyendo textos que pertenecen a la propia Defensoría del Pueblo.
Específicamente, la investigación se centró en los expedientes presentados por Gutiérrez Cóndor para justificar sus actividades oficiales en Suiza y los Países Bajos. En dichos documentos, se identificaron párrafos idénticos a publicaciones que habían sido difundidas semanas antes por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI). Ante estos hallazgos, el Defensor del Pueblo admitió que él redacta los documentos, aunque señaló que el gabinete es el encargado de revisarlos. A pesar de reconocer que existen párrafos similares a publicaciones anteriores, Gutiérrez Cóndor sostuvo que este hecho "no es burdo".
Sin embargo, las irregularidades no se limitan únicamente a la redacción de los informes. El reportaje reveló que, de un total de 11 giras oficiales realizadas a ciudades como La Haya, Ginebra y Dubái, existen tres misiones que carecen de un informe en los archivos de la institución. Esta ausencia documental representaría una transgresión directa al plazo límite de 15 días establecido por ley para la entrega de los reportes correspondientes a cada viaje.
En el ámbito financiero, la investigación detalló que en mayo de 2024 el Banco de la Nación entregó al funcionario un cheque por la suma de 5 640 dólares, destinado a cubrir los gastos de estadía en los Países Bajos y Suiza. No obstante, el programa subrayó una discrepancia en los tiempos: el funcionario permaneció fuera del país desde el 4 hasta el 18 de mayo, mientras que los eventos y conferencias oficiales que justificaban el viaje duraron, en suma, solo nueve días.
Sumado a esto, se cuestionó la forma en que Josué Gutiérrez justificó sus consumos de alimentación. En lugar de presentar las facturas o boletas correspondientes, el funcionario recurrió a declaraciones juradas simples por un monto cercano a los 1 000 dólares.
Estas prácticas fueron calificadas como inaceptables por el abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi, quien describió la documentación como un informe "absolutamente burdo y chapucero". Rospigliosi enfatizó que este tipo de reportes no corresponden al estándar de un informe detallado de un viaje al exterior, cuestionando que el documento no responde a las preguntas fundamentales sobre qué acciones realizó el funcionario y cuál fue el beneficio concreto para el país.
Otro caso similar ocurrió en noviembre de 2023, durante un viaje a Dinamarca. Para esta misión, Gutiérrez contó con una asignación presupuestal de 2 700 dólares; sin embargo, el reporte presentado se limitó a replicar la información emitida por la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI).
Finalmente, el reportaje expuso hallazgos en las fichas de control migratorio que sugieren un uso personal de los viajes institucionales. Se reveló que su esposa, Gladys Ancahuasi, viajó a los Países Bajos en las mismas fechas en que el titular de la Defensoría cumplía su agenda en Europa. Ambos registrraron su salida en mayo de 2024 y retornaron en el mismo vuelo el día 18 del mismo mes, coincidiendo su permanencia en el extranjero con la semana del cumpleaños del defensor del Pueblo.
