El proceso judicial conocido como "Sueños Compartidos" ha entrado en su etapa decisiva. Tras seis meses de juicio oral, el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py se prepara para emitir su veredicto el próximo lunes. En este clima de tensión, Sergio Schoklender, uno de los principales acusados, fue el único de los imputados que decidió hacer uso de la palabra antes de que el tribunal resuelva la sentencia, aprovechando la oportunidad para lanzar una irónica referencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En su breve declaración, Schoklender utilizó la ironía para dirigirse a la exmandataria al afirmar: “No voy a decir, como decía la loca, que la historia me va a absolver”. Tras este comentario, el acusado intentó reivindicar la gestión del programa de viviendas, asegurando que, independientemente del resultado judicial, lo fundamental es que haya quedado registrado el valor del proyecto. Según sus palabras, miles de familias pudieron cambiar sus vidas gracias a una obra pública que calificó como “intachable”.
La causa investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales entre los años 2008 y 2011. Durante ese período, el gobierno de Cristina Kirchner giró aproximadamente 900 millones de pesos a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para llevar adelante el programa Sueños Compartidos. Sin embargo, la investigación judicial sostiene que una parte considerable de ese dinero, estimada en 206 millones de pesos, fue desviada.
Según la acusación, el dinero desviado terminó en empresas vinculadas a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, quienes se desempeñaban como apoderados del programa. Las obras, que se desarrollaron en diversas localidades como la ciudad de Buenos Aires, Rosario, Ezeiza y Santiago del Estero, presentaron graves irregularidades. La investigación reveló que muchas de las viviendas nunca llegaron a construirse y que hubo trabajadores que no percibieron sus salarios o que no contaron con los aportes correspondientes.
En cuanto a las pretensiones penales, el fiscal federal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF) han solicitado que los nueve acusados sean condenados por el delito de administración fraudulenta agravada contra la administración pública. Para los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exfuncionario Abel Fatala, la Fiscalía ha pedido penas de seis años de prisión.
Por otro lado, para los imputados Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin, la solicitud de condena es de cuatro años de prisión. En el caso de los exfuncionarios públicos involucrados, los acusadores han reclamado además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, buscando que no puedan volver a ocupar puestos en el Estado.
Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía y la UIF solicitaron el decomiso de bienes por un valor de 206 millones de pesos, monto que coincide con la cifra que se considera desviada del programa. El fiscal Velasco pidió que este monto sea actualizado por inflación una vez que la sentencia quede firme y que el dinero recuperado sea destinado nuevamente a programas de viviendas sociales.
Durante el desarrollo del juicio, la Fiscalía sostuvo la existencia de un esquema coordinado entre funcionarios nacionales y los responsables de Sueños Compartidos. Según la teoría del caso presentada por Velasco, los hermanos Schoklender lograron acceder a las obras mediante contrataciones directas, facilitando así el posterior desvío de los fondos.
Desde la defensa, la estrategia ha sido solicitar la absolución total de todos los imputados. El argumento central de los abogados defensores es que la causa se encuentra prescripta, razón por la cual consideran que no corresponde dictar una condena en este momento.
Ahora, el tribunal deberá analizar los argumentos presentados por todas las partes y determinar si los hechos investigados han sido probados. En caso de decidirse una condena, el TOF 5 deberá establecer la responsabilidad individual de cada uno de los nueve acusados. Cabe destacar que el expediente cuenta con un segundo tramo centrado en el presunto lavado de dinero, investigación que busca rastrear el recorrido de los fondos desviados hasta las empresas vinculadas a los hermanos Schoklender.
