¿Sabía el Gobierno de Pedro Sánchez que se gestaba el asalto masivo a Ceuta antes de que ocurriera? Esta es la pregunta central que ahora investiga la juez de la Audiencia Nacional, María Tardón.
La magistrada analiza si la entrada masiva de migrantes ocurrida el pasado mes de julio constituyó un ataque grave contra la integridad territorial de España, pudiendo afectar la paz o la independencia del Estado. Para resolverlo, Tardón ha librado un oficio al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, dirigido por Félix Bolaños, solicitando la remisión de cuarenta documentos desclasificados que contienen informes y comunicaciones de aquellos días.
Este requerimiento pone en evidencia el relato oficial del Ejecutivo. Mientras que el presidente y sus ministros han negado haber tenido conocimiento de que se estaba organizando el asalto, los documentos revelan la existencia de hasta 18 avisos previos. Estas alertas fueron emitidas por organismos críticos como la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI.
De acuerdo con la investigación, el CNI envió una nota de "alerta temprana" el 29 de julio, un día antes de los hechos, advirtiendo tanto al Gobierno español como a los servicios de inteligencia marroquíes sobre posibles intentos de entrada detectados mediante llamamientos en redes sociales durante la Fiesta del Trono.
Asimismo, la jueza cuenta con información del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía, que alertó sobre un "riesgo extremo" de entradas coordinadas, ya fuera nadando o saltando la valla. La investigación judicial busca ahora determinar la responsabilidad y el flujo de información en el Gobierno durante esos días críticos.
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