El Gobierno Nacional ha cedido a las presiones de Estados Unidos y ha modificado puntos clave del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, conocido como la Ley Malvinas. Tras un plenario de comisiones, el oficialismo logró un dictamen de mayoría al aceptar cambios propuestos por aliados del PRO, la UCR, el MID y sectores provinciales.
El ajuste más significativo impacta en las sanciones a empresas que operen en las islas. El texto original, impulsado por el asesor Santiago Caputo, fue flexibilizado para limitar las penalidades únicamente a las empresas que operen ilegalmente de forma directa, como proveedoras o accionistas directas. Quedarán eximidos los subsidiarios, filiales o accionistas sin participación relevante en las exploraciones. Esta medida responde a la preocupación de la administración de Donald Trump, manifestada durante la visita del subsecretario Christopher Landau, sobre el alcance de las sanciones que podrían afectar a firmas vinculadas al proyecto Sea Lion.
En cuanto a las multas, estas oscilarán entre dos y cuatro veces el beneficio del proyecto. En casos donde no se determine el monto, la sanción será de entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo.
Además, el proyecto incorpora cambios en el esquema de defensa. El Ministerio de Seguridad se suma como miembro permanente del Consejo de Seguridad para evitar superposiciones de roles. Asimismo, se crea una comisión bicameral de seguimiento; ahora, cualquier acción militar drástica, como el derribo de aviones o hundimiento de buques, requerirá obligatoriamente la autorización del Congreso.
Finalmente, se modificó el artículo 111 sobre desinformación y manipulación de la opinión pública financiada por Estados extranjeros. Tras los cuestionamientos de ADEPA, el Gobierno excluyó explícitamente de estas penas la actividad periodística, académica, diplomática y el debate público.
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