La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó, mediante una votación mayoritaria, el dictamen que propone prohibir que las personas con doble nacionalidad puedan ser candidatas o candidatos a la Presidencia de la República, a las gubernaturas de los estados o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La reforma, la cual fue propuesta por Claudia Sheinbaum Pardo, recibió el respaldo de 26 votos a favor, emitidos por los integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Por el contrario, el dictamen contó con 5 votos en contra, provenientes de los diputados de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC).
Durante el desarrollo de la sesión, el diputado del PAN, Federico Döring, solicitó una modificación al orden del día con el objetivo de proceder a un parlamento abierto. Sin embargo, su propuesta fue rechazada por la comisión. Döring argumentó que existen aproximadamente 4 millones de mexicanos que residen en el extranjero y que podrían tener doble nacionalidad. El legislador manifestó su intención de que esos ciudadanos fueran escuchados por la comisión antes de que se modifique lo que calificó como un derecho reconocido actualmente por la Constitución.
En el transcurso del debate, la diputada de Movimiento Ciudadano, Irías Virginia Reyes de la Torre, intervino para señalar que la propia Constitución reconoce como mexicanos a quienes nacen en territorio nacional con padres extranjeros, así como a quienes nacen en el extranjero siendo hijos de padres mexicanos. Reyes de la Torre enfatizó que la nacionalidad o el lugar de nacimiento no son decisiones personales y sostuvo que poseer una segunda nacionalidad no resta capacidad a las personas para servir a su país.
Por su parte, el diputado del PRI, César Alejandro Domínguez, manifestó que la iniciativa representa una restricción a los derechos de las personas con doble nacionalidad. Domínguez sostuvo que la defensa de la soberanía nacional debe realizarse a través de instituciones fuertes y no mediante la restricción de derechos o la generación de sospechas hacia quienes tienen vínculos con el extranjero.
En una línea similar, la diputada del PAN, Noemí Luna Ayala, relacionó la importancia de blindar los procesos electorales con la protección contra la intromisión del crimen organizado y el narcotráfico. Luna Ayala mencionó que los migrantes enviaron más de un billón 200 mil pesos en remesas durante el año 2025 y señaló que la prioridad debe ser evitar la entrega del territorio al narcotráfico.
Frente a las críticas, la diputada de Morena, Katia Castillo, defendió el dictamen argumentando que quienes ocupen el Poder Ejecutivo federal, las gubernaturas o la Jefatura de Gobierno deben responder exclusivamente a México, a sus instituciones y al bienestar de su población. Castillo planteó que tener dos nacionalidades podría generar un conflicto de intereses ante compromisos adquiridos con otras naciones. En su intervención, cuestionó qué sucedería si el país de la segunda nacionalidad solicitara el despliegue de sus fuerzas armadas en territorio mexicano, basándose en juramentos de lealtad realizados en el extranjero.
Asimismo, la diputada del PT, Lilia Aguilar, rechazó las posturas del PRI y el PAN, afirmando que la reforma no pretende perjudicar a los connacionales en el exterior. Explicó que la propuesta busca dar claridad al artículo 32 constitucional, el cual ya establece ciertas situaciones en las que no se permite la doble nacionalidad, incluyendo la ocupación de la Presidencia. Aguilar destacó que la reforma es un paso jurídico para garantizar la lealtad hacia México y sugirió que quienes compitan por dichos cargos podrían recuperar su segunda nacionalidad una vez que terminen su mandato.
El dictamen aprobado contempla la reforma de los artículos 82 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Nacionalidad Única para el Ejercicio de la Titularidad de los Poderes Ejecutivos Federal y Locales. Tras la aprobación en la comisión, el documento ha sido turnado al pleno de la Cámara de Diputados para su posterior debate y votación.
