La Comisión de Energía y Minas ha determinado que no es viable la concesión de facultades legislativas al Poder Ejecutivo en los asuntos vinculados a su sector. Esta importante decisión fue adoptada tras un proceso de votación en el que resultaron 11 votos a favor de la negativa y ocho votos en contra. El pronunciamiento de este grupo de trabajo surge como respuesta a una opinión solicitada por la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, instancia que se encuentra actualmente debatiendo la solicitud formulada por el Gobierno nacional.
El fundamento central que sustenta la decisión de la mayoría de la comisión radica en la naturaleza de los temas que se pretenden legislar. Según se detalla en el informe técnico presentado, los asuntos relacionados con el sector minero poseen una complejidad que exige un debate profundo y exhaustivo. La comisión sostiene que este tipo de decisiones no deben tomarse de manera apresurada, sino que deben contar con la participación activa de diversos actores, incluyendo tanto a los representantes políticos como a la ciudadanía organizada. Esta exigencia de debate responde a la posibilidad de que las modificaciones normativas tengan repercusiones significativas en tres ámbitos fundamentales para el país: el medio ambiente, la economía y el tejido social.
En cuanto al contenido del pedido de delegación de facultades presentado por el Ejecutivo, el Gobierno buscaba intervenir en la normativa que regula la actividad minera. El objetivo declarado de dicha propuesta era implementar cambios que permitieran a las empresas dedicadas a la explotación de recursos minerales contar con una mayor seguridad jurídica en sus operaciones. No obstante, el informe destaca que el pedido no detalla con precisión cuáles serían los cambios específicos o las modificaciones técnicas que se pretenden introducir en el marco legal vigente.
Complementariamente, el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo también incluía una solicitud de facultades destinadas al sector hidrocarburos. En este sentido, el Gobierno buscaba facilitar la inversión privada en las etapas de exploración, extracción y almacenamiento de petróleo y gas. Para lograr este propósito, la propuesta planteaba la necesidad de simplificar los procedimientos, los contratos y la obtención de permisos que rigen actualmente en este sector energético.
La decisión de la Comisión de Energía y Minas no estuvo exenta de controversia, generando un debate entre los diversos bloques parlamentarios. Jaime Abensur, diputado de Fuerza Popular, manifestó su firme desacuerdo con el resultado de la votación, calificando la negativa como un "no porque no". Abensur argumentó que los fundamentos expuestos en el informe de la comisión carecen de base sólida, señalando que, si bien el proyecto presentado por el Ejecutivo cumple con los requisitos formales, la presidencia de la comisión no ha logrado refutar los argumentos que se encuentran detallados en la exposición de motivos del Gobierno.
Por el contrario, el diputado Marino Lavado, de Juntos por el Perú, expresó su respaldo al informe de la comisión. Lavado coincidió en que los temas en cuestión requieren una construcción conjunta con todos los actores involucrados. El parlamentario enfatizó la importancia de la participación ciudadana en la resolución de los grandes problemas del país y advirtió sobre la necesidad de evitar procesos legislativos acelerados, señalando que el Ejecutivo parece pretender actuar con una rapidez que no permite el debate necesario.
Como consecuencia de este escenario, la Comisión de Energía y Minas ha acordado citar al ministro del sector, Guillermo Shinno, para que rinda cuentas ante el grupo de trabajo. La reunión está programada para el próximo 15 de septiembre, con el objetivo de que el funcionario explique detalladamente los planes de su cartera y los lineamientos que conforman la Política General del Sector Energía y Minas. Esta invitación fue respaldada por 18 congresistas.
Durante la sesión, el ministro Shinno también tendrá la obligación de informar sobre el estado y los avances en la elaboración de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). Asimismo, los integrantes de la comisión han solicitado que el titular del sector brinde información pormenorizada sobre la situación de las comunidades que se ven afectadas por las actividades mineras y sobre el estado de los recursos naturales que podrían sufrir perjuicios derivados de la explotación minera.
