El bloque legislativo de la Revolución Ciudadana (RC) atraviesa una de las crisis internas más agudas de los últimos años. Un total de 37 asambleístas de la bancada correísta han sido denunciados y deberán enfrentar un proceso formal ante el Consejo de Disciplina y Ética del movimiento político. El motivo de la denuncia es el presunto desacato a las directrices partidistas durante la votación de la Ley de Adopciones en la Asamblea Nacional.
La denuncia fue interpuesta de manera oficial por la propia coordinadora del bloque, la legisladora Patricia Núñez. Este hecho pone de manifiesto un profundo quiebre y una marcada pugna de liderazgos dentro de la principal fuerza de oposición en el Parlamento ecuatoriano, afectando la cohesión que la agrupación busca mantener en su actividad legislativa.
Los hechos que desencadenaron este conflicto se remontan a finales de julio, cuando el pleno de la Asamblea Nacional entró en la etapa de debate del proyecto de la Ley de Adopciones. Esta normativa fue impulsada y elaborada por la Comisión de Transparencia, la cual se encuentra liderada por el oficialismo, representado por la agrupación Acción Democrática Nacional (ADN).
Según detallan los informes internos de la bancada, el equipo de seguimiento jurídico de la Revolución Ciudadana realizó un análisis exhaustivo del proyecto de ley. Tras el estudio, el equipo técnico recomendó formalmente que el bloque adoptara una postura unificada de abstención, basándose en la existencia de «líneas rojas» que consideraban insalvables dentro de la propuesta legislativa. Esta decisión de abstención se habría acordado en una sesión virtual interna en la que participaron al menos 38 asambleístas y que, según los informes, habría contado con la ratificación telefónica de la presidenta nacional del movimiento, Gabriela Rivadeneira.
Sin embargo, la disciplina pactada se rompió el pasado 28 de julio. Minutos antes de que se abriera el registro de votación electrónica en el pleno, se desató un desacato masivo dentro de las filas de la bancada. Diversos legisladores notificaron a la coordinadora Patricia Núñez su cambio de postura, decidiendo finalmente votar a favor del texto oficialista promovido por ADN.
Entre los parlamentarios que notificaron su decisión de apoyar la ley se encuentran figuras de alto perfil mediático y político dentro de la organización. La lista de los asambleístas señalados incluye a Pamela Aguirre, Paola Cabezas, Blasco Luna, Luis Molina, Jahiren Noriega, Mónica Palacios, Héctor Rodríguez y Franklin Samaniego, entre otros de los 37 involucrados en el proceso.
Este desmarque masivo de las instrucciones de la coordinación ha dejado en entredicho no solo la capacidad de conducción interna de Patricia Núñez como jefa de bancada, sino también la efectividad del control jerárquico que la directiva nacional de la Revolución Ciudadana ejerce sobre sus legisladores en la Asamblea Nacional.
Aunque la asambleísta Núñez ha intentado calificar la situación como un «tema interno» que debe resolverse bajo las normativas orgánicas de la organización, la gravedad del asunto es evidente. El Régimen Orgánico de la Revolución Ciudadana tipifica este tipo de conductas de indisciplina bajo la figura de faltas graves. De ser hallados responsables de vulnerar la disciplina partidista, los 37 asambleístas procesados se exponen a las severas sanciones contempladas en los estatutos del movimiento.
Este nuevo escenario disciplinario expone las tensiones que existen dentro del correísmo respecto a su rol en el Parlamento y la flexibilidad que muestran sus legisladores al votar proyectos impulsados por el Ejecutivo. No es la primera vez que el Consejo de Disciplina de la agrupación debe intervenir por votaciones alineadas al oficialismo; en lo que va de 2024, siete asambleístas, entre ellos Pierina Correa y Marcela Holguín, ya fueron investigados por respaldar una ley urgente de turismo promovida por el presidente Daniel Noboa.
En los próximos días, se espera que el Consejo de Disciplina de la Revolución Ciudadana proceda con la notificación formal de los plazos legales, permitiendo que los 37 asambleístas señalados presenten sus pruebas de descargo. Este proceso se desarrolla en un contexto legislativo altamente fraccionado, donde la alineación de los votos es un factor determinante para las mayorías políticas en el país.
