La disputa jurídica en torno a la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires ha escalado hacia una instancia penal. La organización no gubernamental Usina de Justicia, cuya fundación está a cargo de la abogada Diana Cohen Agrest, ha presentado una denuncia penal contra la jueza Marta Elba Pascual. La magistrada es la responsable de haber ordenado la suspensión, por un plazo de 60 días, de la aplicación de la Ley 27.801 en todo el territorio de la provincia bonaerense.
La presentación judicial efectuada por la ONG se dirige específicamente contra la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, con sede en Lomas de Zamora. En su planteo, Usina de Justicia sostiene que la magistrada habría incurrido en la comisión de los delitos de abuso de autoridad y usurpación funcional. Según la organización, la decisión de disponer la suspensión de una ley de carácter nacional constituye una extralimitación de las facultades judiciales.
Este nuevo episodio de conflicto se produce apenas dos días después de que el nuevo régimen comenzara a regir. La decisión de la jueza Pascual se originó al hacer lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo, el cual fue interpuesto por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. A través de dicho recurso, la magistrada ordenó frenar de manera temporal la aplicación de la normativa en la jurisdicción bonaerense.
Al fundamentar su resolución para suspender la ley, la jueza Pascual hizo especial énfasis en la situación actual de los centros de alojamiento destinados a adolescentes en la provincia de Buenos Aires. Según el análisis de la magistrada, el sistema provincial no cuenta en este momento con las condiciones necesarias para afrontar un incremento en la cantidad de jóvenes que se encuentren privados de su libertad. Entre las deficiencias señaladas se encuentran aspectos de carácter material, edilicio, institucional y profesional.
Uno de los puntos de mayor preocupación manifestados en la resolución judicial es el impacto que la nueva ley podría tener sobre la incorporación de adolescentes de entre 14 y 15 años al sistema penal. La interpretación de la jueza sugiere que la aplicación inmediata de la normativa podría derivar en un aumento considerable tanto en el ingreso de menores como en su permanencia dentro de los dispositivos de privación de libertad ya existentes.
Por su parte, la organización Usina de Justicia ha cuestionado la validez de esta intervención. El argumento principal de la ONG es que la resolución de la jueza representa una afectación directa a las competencias que corresponden a otros poderes del Estado. La entidad planteó que el ejercicio de la función judicial no faculta a una magistrada para suspender de forma general la aplicación de una ley nacional mediante una decisión tomada en el marco de un proceso judicial determinado.
La controversia se enmarca en un contexto de aplicación nacional de la reforma penal juvenil. La Ley 27.801 establece un régimen específico para la población adolescente y contempla una modificación clave en la edad de imputabilidad: reduce de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los jóvenes pueden quedar alcanzados por el sistema penal ante la comisión de ciertos delitos.
Es importante aclarar que el fallo emitido por la jueza Pascual no constituye una declaración definitiva de inconstitucionalidad de la ley. Se trata de una suspensión de carácter preventivo que se ha fijado por un período de 60 días. Durante este tiempo, la Justicia ha solicitado a los funcionarios de la provincia de Buenos Aires que brinden informes detallados sobre las medidas que se están adoptando y las acciones que se prevén realizar para adecuar los dispositivos actuales a las exigencias que impone el nuevo régimen.
La situación ha generado diversas reacciones en el ámbito judicial y político. Por un lado, se ha registrado la postura de un fiscal que manifestó su decisión de no acatar el fallo, asegurando que aplicará el nuevo Régimen Penal Juvenil de todas formas. Por otro lado, el debate ha alcanzado esferas políticas, con cruces entre figuras como Santilli y Alonso, y el respaldo público de Patricia Bullrich a la entrada en vigencia de la nueva normativa, independientemente de las edades involucradas.
