El ex preso político de nacionalidad argentina, Nahuel Gallo, ha solicitado formalmente a la Justicia Federal de Argentina la emisión de órdenes de detención y captura internacional contra cinco funcionarios del gobierno de Venezuela. Según la solicitud presentada, estos individuos son los responsables directos de su detención ilegal y de las diversas violaciones a los derechos humanos que sufrió durante su tiempo de cautiverio en territorio venezolano.
La petición se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, un mecanismo legal que permite a la justicia argentina intervenir en casos de crímenes de lesa humanidad. En este marco de investigación, la solicitud incluye al exfiscal general de la República, Tarek William Saab, a quien se vincula con las circunstancias que rodearon la detención de Gallo.
Además de Saab, la lista de funcionarios señalados por Gallo comprende a otros cuatro individuos que desempeñaron roles clave en el sistema penitenciario y judicial venezolano durante su encierro. Entre ellos se encuentra Carlos Enrique Rincones Serven, conocido bajo el alias de "Tiburón", quien ejerció la dirección de la cárcel de El Rodeo I durante la primera etapa de la detención del ciudadano argentino.
Asimismo, la solicitud señala a Alexander José Martínez Endeiza, quien fue el responsable de la dirección del mismo penal durante la etapa final de la detención de Gallo. El componente judicial de la denuncia apunta también contra Carlos Enrique Liendo Acosta, identificado como el juez que intervino en el proceso, y Farik Karín Mora Salcedo, el fiscal que participó en la audiencia correspondiente.
Nahuel Gallo, quien se desempeña como gendarme argentino, permaneció detenido durante un total de 448 días en el centro penitenciario El Rodeo I. Durante este extenso periodo, las autoridades venezolanas no proporcionaron detalles públicos sobre las investigaciones que se llevaban a cabo en su contra, una situación que ha derivado en múltiples denuncias sobre la falta de garantías procesales en su caso.
Respecto a las razones de su presencia en Venezuela, Gallo explicó que su viaje no tenía motivos de índole política. El gendarme detalló que se trasladó a dicho país con la intención de disfrutar de unas vacaciones y con el propósito de conocer a la familia de su esposa, quien es de nacionalidad venezolana.
Las condiciones de reclusión descritas por Gallo durante su cautiverio fueron calificadas como extremas. El detenido relató que su celda tenía dimensiones de aproximadamente dos por tres metros y estaba construida íntegramente de cemento. Según su testimonio, el espacio era precario y contaba únicamente con un hueco y una canilla, careciendo de cualquier otro elemento de habitabilidad.
Complementando su denuncia, Gallo expuso la existencia de celdas de castigo dentro del recinto. En estos espacios, relató que los detenidos eran obligados a permanecer desnudos y esposados, sin ningún tipo de pertenencia, durante un lapso de 24 horas o el tiempo que las autoridades consideraran necesario.
Más allá del trato recibido de forma directa, Gallo señaló que uno de los aspectos más difíciles de su experiencia fue ser testigo presencial de la violencia ejercida contra otros ciudadanos que también se encontraban detenidos en el penal.
Tras recuperar su libertad, el gendarme ha mantenido una posición activa en redes sociales. A través de estas plataformas, Gallo insiste en visibilizar la situación de otros ciudadanos que, según su denuncia, continúan detenidos en Venezuela por razones de carácter político.
Sobre el avance de esta causa judicial en la Justicia Federal argentina, Elisa Trotta, defensora de derechos humanos y miembro fundadora del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, se pronunció respecto al proceso. Trotta destacó que la búsqueda de justicia es un camino largo, pero afirmó con determinación que el proceso avanza y que no se detendrán en su gestión.
